Las enfermedades mentales son la causa de hasta un 20% de las bajas del personal docente en la Región. El sindicato STERM-Intersindical y el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia han elaborado una encuesta para conocer los factores que más afectan a la salud mental de este colectivo.
Hablar de salud mental está de moda. Está de moda ir a terapia y recomendarla. Y cómo no, está de moda que la clase política hable de que habría que hacer algo. Frente a esta situación inédita, solo nos falta poner de moda que se hable de las causas materiales que provocan y acentúan las enfermedades mentales. Por si a alguien le diera un poco de apuro y quisiera hacerles frente.
Al igual que el asma o el cáncer de pulmón, la ansiedad y la depresión tienen causas ambientales, y no se resuelven simplemente con decir que hay un problema. Y al igual que estas enfermedades, nuestra salud mental no depende por completo de nuestra genética, de nuestra personalidad o de “cómo nos tomamos las cosas”. Necesitamos, por tanto, poner el foco en los factores sociales y en las responsabilidades que deben asumir las instituciones públicas, más aún si son las propias empleadoras.
La inestabilidad económica y laboral, la pérdida de poder económico y las situaciones de estrés o eventos traumáticos son solo algunas de las causas externas que nos hacen enfermar. El mundo laboral es uno de los espacios que más afecta a nuestra salud mental, y es donde todavía no hemos logrado ver ningún avance significativo. Y una vez más, las administraciones públicas, que no suelen darse por aludidas para servir de ejemplo de buenas prácticas para la empresa privada, no están haciendo una excepción.
Solo en nuestra Región, cada año, más de 600 docentes de centros educativos públicos cogen una baja por motivos de salud mental. Es una cifra escandalosa, más aún si tenemos en cuenta que esta estadística deja fuera tanto al personal interino, como a quienes están de baja por otras patologías y sufren a su vez alguna enfermedad mental, y a quienes directamente no cogen ninguna baja, estén o no en tratamiento psicológico o psiquiátrico. A pesar de estos datos, el cuidado del personal docente dista mucho de ser una prioridad para la Consejería de Educación, que pone por encima la economía sobre la salud e ignora el malestar sufrido por las personas trabajadoras que tiene a su cargo.
Docentes sin estabilidad laboral tras más de una década trabajando en el sistema público, equipos directivos y de orientación desbordados, ratios descontroladas, centros abarrotados o alumnado conflictivo concentrado en ciertos grupos e institutos son solo algunos de los factores que explican que el 20% de las bajas del personal docente sean por un diagnóstico psiquiátrico. La ausencia de permisos y de una mayor flexibilidad para las situaciones particulares tampoco ayuda. Es significativo que miles de docentes dependientes de la Consejería carezcan hasta de un número de teléfono para poder contactar con su empleador, quien prefiere privilegiar el ahorro económico sobre la escucha a sus trabajadores y trabajadoras y la resolución de sus problemas. No parece viable que se les pueda dar una respuesta satisfactoria cuando el criterio aplicado es la reducción del gasto.
Durante años, el personal docente ha recibido ataques continuos de una parte importante de la sociedad y el descrédito social ha terminado por impregnar cualquiera de sus reivindicaciones. Esta elaborada estrategia ha conseguido que cualquier intento de defensa de un sistema educativo público y de calidad haya sido visto como un capricho de una clase privilegiada, que debía trabajar más y quejarse menos. Las necesidades del personal docente han sido desoídas sistemáticamente, sin querer entender las problemáticas específicas de la profesión y bajo el pretexto de que sus condiciones laborales eran ya demasiado ventajosas. La realidad choca frente a este relato: el personal docente está agotado y se ve cada vez más incapaz de afrontar su tarea educativa en unas condiciones laborales seguras y saludables.
Cuatro docentes de nuestra Región, pacientes de salud mental, se han prestado a compartir sus experiencias con el objetivo de visibilizar las carencias del sistema. Sus testimonios no son tan únicos como nos gustaría creer, por lo que sirven para representar la desatención que sufre el personal docente cuando recibe un diagnóstico médico adverso. Para garantizar el anonimato, se les ha atribuido un género y un nombre de forma aleatoria y se han eliminado las referencias a los centros educativos en los que trabajan.
Alejandro está de baja por primera vez desde que empezó a trabajar. Se la han dado por ansiedad y lleva un mes sin ir a su centro. El motivo es el acoso continuo de un grupo de alumnos, a los que él no da clase. Los insultos sobre su físico y personalidad fueron subiendo de tono hasta que, tras la expulsión del cabecilla del grupo, decidieron llevar el acoso fuera del centro: el coche de Alejandro comenzó a aparecer rayado, con escupitajos y con los espejos retrovisores forzados. Otro día tuvo que salir acompañado del jefe de estudios, porque lo estaban esperando en la puerta. Siente que el sistema le ha fallado, no hay protocolos claros que lo protejan del acoso del alumnado y lo único que puede hacer, además de recibir atención psicológica que lo ayude a tener herramientas para afrontar situaciones similares, es pedir el traslado e irse del centro en el que lleva trabajando más de diez años.
Susana trabaja en un centro a una hora de su casa, como tantas otras docentes. Hace unos meses su vida dio un giro cuando a su padre le detectaron un cáncer y ella se convirtió en su principal cuidadora. No llegó a tiempo para poder solicitar una comisión que le permitiera trabajar más cerca de casa, por lo que diariamente hace el trayecto a su centro educativo con el miedo a tener que volver aceleradamente en caso de que su padre necesite acudir a urgencias. En tratamiento con antidepresivos, no se permite faltar ningún día por muy enferma que se sienta porque prefiere guardarse los días para cuando su padre se encuentre mal y no tenga ningún justificante que pueda alegar —debido a que no hay ningún permiso para el personal docente que le permita ausentarse por ese motivo—. Tampoco se lo ponen fácil para obtener los permisos para acompañar a su padre a las sesiones de quimioterapia, puesto que solo se aceptan por el periodo de tiempo estrictamente necesario, y lo hacen cumplir a rajatabla. “Hay días que he llegado a hacer casi cuatro horas de coche para poder llevar a mi padre al médico y luego incorporarme una hora a mi puesto de trabajo. Algunos días incluso sin dormir, porque mi padre había estado con molestias durante toda la noche. Estoy agotada”.
Antonio sufre una enfermedad reumática en estado avanzado y ha solicitado en dos ocasiones la incapacidad permanente, sin éxito. Después de tres operaciones seguidas y numerosos injertos metálicos en su cuerpo, no es capaz de desplazarse de forma autónoma y solo consigue tolerar el dolor con fuertes opiáceos. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, además, le ha reducido el grado de discapacidad que tenía otorgado desde hace más de 20 años por otra comunidad: del 33% al 13%. Y, por si fuera poco, como medida de presión, su última baja no ha sido validada por la Inspección Médica, por lo que ha dejado de cobrar la mitad de su sueldo aproximadamente —puesto que MUFACE solo paga la parte correspondiente una vez se valida la baja—. Este trato, sumado a las continuas citaciones del tribunal médico —siete en menos de dos años—ha terminado por agravar la salud mental de Antonio, ya de por sí mermada por su enfermedad, con cuadros graves de ansiedad y depresión. Ante la poca empatía y consideración de la Administración, su última esperanza está en la vía judicial.
Carmen sufrió acoso laboral por parte del director de su centro, al igual que muchas de sus compañeras y compañeros. A pesar de las numerosas quejas a Inspección y Riesgos Laborales, este se mantuvo en su puesto durante más de diez años, lo que ha terminado por diezmar la plantilla del centro: más de quince docentes han pedido comisión de servicio o traslado y no queda prácticamente nadie con destino definitivo. Tras un proceso poco transparente, cuando llegó al cargo, se creó un ambiente de exigencia extrema en el que se comenzó a señalar a cualquier persona que mostrara su disconformidad y un sentimiento de desprotección se extendió en todo el profesorado. Las bajas por depresión y ansiedad se dispararon. A día de hoy Carmen, maestra de primaria, no quiere volver a un colegio.
El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, en colaboración con el sindicato STERM-Intersindical, ha elaborado un cuestionario para hacer un estudio del estado de la salud mental en el profesorado de la Región. Sus resultados ayudarán a tener una imagen más completa de todo el trabajo que queda por hacer.
Que hablar de la salud mental esté de moda es una buena noticia, todavía mejor si detrás hubiera propuestas concretas y recursos que mejoraran nuestras vidas.
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