El Gobierno asume que el PP boicoteará la tramitación de la quita de la deuda aunque después sus presidentes la acojan

El Gobierno está convencido de que la propuesta para que el Estado asuma más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas le ha servido para matar dos pájaros de un tiro. Primero, porque desbloquea uno de los grandes pactos pendientes con ERC y allana en buena medida el devenir de la legislatura en el Congreso. Y, segundo, porque sitúa al PP entre la espada y la pared. Entre la estrategia de oposición de Feijóo a Sánchez y la necesidad de recursos de los presidentes autonómicos.

En la Moncloa creen que a los populares les resultará “muy difícil explicar” su negativa a poder disponer de miles de millones de euros “para mejorar los servicios públicos” de sus administraciones. Y ponen a la consejera de Economía de la Junta de Andalucía como ejemplo de las contradicciones de la derecha. “Carolina España afirmó en noviembre de 2023 que Andalucía aceptaría una quita como la de Catalunya siempre que llegara como mínimo a los 17.000 millones. Ahora dice que 18.000 son una oferta trampa y un traje a medida par Catalunya”, señaló Pilar Alegría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros en referencia a dos declaraciones públicas opuestas de la consejera de Juanma Moreno.

Las expectativas para que este miércoles se produzca algo parecido a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son exactamente cero porque la orden de Génova es nítida y el PP ya ha sido explícito sobre su rechazo. Al menos en ese foro. “Los presidentes del PP van a votar que 'no'. Van a votar que 'no' a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas de Catalunya”, anunció Feijóo el lunes.

Lo que está por ver es que, llegada la hora de la verdad, los once presidentes autonómicos del PP se atrevan a rechazar un montante de dinero que desahogaría de manera decisiva la situación financiera de muchas administraciones para lo que queda de legislatura. El Gobierno piensa, de hecho, que lo que ocurrirá es que el PP escenificará su estrategia del no a todo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego, en su momento, en el Congreso de los Diputados. Pero que, al final, todos, “sin excepción”, se acogerán a la quita y a los beneficios de la misma.

“La conclusión es que dan igual las medidas que se pongan encima de la mesa, que beneficien a los ciudadanos, que sean buenas, porque el PP siempre va a votar que no si es una medida que propone el Gobierno de España”, lamentó la portavoz del Ejecutivo este martes. En los pasillos del Senado, María Jesús Montero insistió en esa línea. “Lo que no se entiende es que cuando se da algo positivo, también el PP se ponga en contra. Yo vaticinaría que si la ley sale adelante no va a haber ningún territorio que no firme el convenio”, apuntó la ministra de Hacienda, que definió como “puro tacticismo político” que el PP ponga “siempre por delante el interés miope de Génova frente al interés de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, incluso de las que gobiernan”.

Aunque los barones del PP han salido en tromba en las últimas horas a criticar la quita de la deuda, ninguno de ellos ha anunciado su intención de rechazar la medida. Preguntado de forma reiterada por los periodistas en su habitual rueda de prensa de los martes, Miguel Tellado insistió en que las comunidades que gobierna su partido votarán 'no' el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no quiso o no pudo asegurar que ninguna de las once autonomías que preside el PP se adherirá a un mecanismo que Montero detalló como un “convenio individual” que cada comunidad autónoma tendrá que firmar llegado el día.

Choque en el Consejo de Política Fiscal

Este miércoles, la propuesta de condonación o quita de deuda a las comunidades autónomas del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) del Ministerio de Hacienda pasará su primer examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El funcionamiento de este órgano facilita que la propuesta tenga garantizada su aprobación. Hacienda cuenta con la mitad de los votos, por lo que solo necesitará un voto más, que será, como mínimo, el de Catalunya, gobernada por el PSC y de donde proviene la iniciativa de esta propuesta, incluida en el pacto entre PSOE y ERC para la investidura del presidente Pedro Sánchez en 2023. 

Aquí aparece una de las claves de la quita de deuda. Este lunes por la mañana, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, adelantó el “acuerdo” con el Gobierno para que sean condonados 17.104 millones de euros de deuda de Catalunya. Horas después, la vicepresidenta primera María Jesús Montero confirmaba que la condonación de deuda se extendía a “todas” las comunidades autónomas, en esta información se explican todas las cifras.

La ministra de Hacienda admitió que le parece “perfecto” que Esquerra Republicana de Catalunya hiciera público el acuerdo antes que ella. “Eso siempre da seguridad a aquello que se va a plantear, porque significa que cuenta con el visto bueno de aquel que fue promotor de esta medida”, aseguró.

Las once regiones del régimen común gobernadas por el PP pueden rechazar la propuesta “gratis” en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. La complejidad de mantener esa oposición aumenta cuando el asunto pase por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesita el apoyo de la mayoría de los grupos. Del plano territorial, se pasa al parlamentario.

Sobre la oposición del PP, María Jesús Montero ironizó inicialmente: “Evidentemente, esto es voluntario. Significa que las comunidades autónomas que posteriormente a la aprobación de la ley no quieran adoptar esta medida, que no quieran que se les condone su deuda, que no se preocupen”. Este martes, en los pasillos del Senado, aclaró esta afirmación: “Una vez que se aprueba la ley, después los territorios tienen que firmar los convenios para aceptar voluntariamente esa aplicación”.

'Castigo' a las comunidades que han hecho competencia fiscal a la baja

El reparto de la condonación o quita de la deuda sigue criterios “técnicos y transparentes” según “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo fiscal [fases 1, 2 y 3, en el primer gráfico de esta información]” de los últimos años, explicó la ministra de Hacienda este mismo lunes.

En la tercera fase de ajuste, hay otra clave importante de la propuesta de Hacienda. En sus cálculos premian a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF. Es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, que no hayan bajado impuestos.

Este último ajuste se ha ceñido a la parte del IRPF que depende de las comunidades autónomas, pero evita entrar en otros impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio o Sucesiones, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid o Andalucía han utilizado para hacer competencia fiscal a la baja en los últimos años.

Precisamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró este lunes a favor de la propuesta de Hacienda para condonar la deuda a las comunidades autónomas, pero pidió a su socio de Gobierno que sea a cambio de una condicionalidad: que esos gobiernos no bajen los impuestos a la riqueza, en un claro mensaje a las dirigidas por el Partido Popular.

“Si la ley termina aprobada en los términos que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad”, aclaró la ministra de Hacienda este lunes. “Esta condonación se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación que nos tengan que hacer las comunidades autónomas. Lo he dicho desde el primer momento: somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento”, reiteró.

En la práctica, esta condonación o quita de deuda, que proviene de la reivindicación de Catalunya y que el Ministerio de Hacienda ha extendido a “todas” las comunidades, ahorrará aproximadamente entre 5.000 y 7.000 millones en intereses a los que hacen frente las Administraciones regionales. Un coste que recaerá en el conjunto del Estado. En otras palabras, son intereses de la deuda que dejan de pesar en los presupuestos regionales y pasan a la Administración central, aunque sigue siendo “dinero de todos los españoles”. Es por eso, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que es una “medida generosa” por parte del Gobierno.