Hacienda advierte a Sumar de que tumbar la tributación del salario mínimo pone en riesgo futuras subidas

Al choque entre los ministerios de Hacienda y Trabajo no se le atisba un final pactado. Lejos de amainar, el enfrentamiento directo entre los departamentos que dirigen María Jesús Montero y Yolanda Díaz a cuenta de la fiscalidad del salario mínimo interprofesional no deja de escalar y amenaza ya con convertirse en una nueva división parlamentaria del Ejecutivo de consecuencias, aún, impredecibles. Al anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de que el Gobierno hará uso de la facultad constitucional de vetar normas que impliquen impacto presupuestario le ha seguido la confirmación de Díaz de que su grupo unirá sus votos a los del PP en la Mesa del Congreso para levantar ese veto. Y el equipo de Montero advierte de que ese paso pone en peligro la subida del año que viene.

“Lo decimos claro: con los niveles de salario mínimo en los que nos movemos a día de hoy en nuestro país, dejar a los receptores del salario mínimo al margen de la fiscalidad es malo para el salario mínimo”, sostienen fuentes de Hacienda. Preguntadas expresamente por una hipotética afectación a la subida del próximo ejercicio, las mismas fuentes admiten que, a juicio del equipo de Montero, no resulta sostenible el incremento si va de la mano de la exención. “Si vinculas permanentemente el límite exento al umbral del salario mínimo, llega un momento en que no resulta viable y pone en peligro las nuevas subidas, por supuesto”, avisan.

Desde Hacienda insisten en que están dispuestos a utilizar “todos los mecanismos legales y técnicos” a su alcance para defender una tributación del IRPF sobre el salario mínimo que ya se aplica en la actualidad. Y eso pasa por recurrir al artículo 134.6 de la Constitución, que contempla que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

La intención de la parte socialista de la coalición es apurar los plazos parlamentarios de los que dispone para ejercer ese derecho al veto. En este caso, el límite está fijado para el próximo 28 de marzo. Si el Gobierno registra ese día su bloqueo a las iniciativas de Sumar, PP y Podemos para eximir el IRPF del salario mínimo, no se debatiría en la reunión de la Mesa hasta el 8 de abril. Y lo previsto es que entonces Sumar sume sus dos votos a los cuatro del PP en ese órgano para echar por tierra por el veto del Ejecutivo del que forma parte. Un auténtico galimatías parlamentario y jurídico que incluso podría tener prolongación en el Tribunal Constitucional, una hipótesis que, por ahora, Hacienda asegura oficialmente que no contempla.

Sumar confirma que llegará hasta el final

“Es injusto que el tipo marginal de una renta de 17.000 euros sea el mismo que el de una de 100.000”. Ese es el argumento que vuelven a repetir estos días en Sumar, desde que Hacienda revelara que ha decidido vetar las leyes que están ya registradas en el Congreso para blindar por ley que el salario mínimo no pague impuesto de la renta. 

Los de Yolanda Díaz ya han dejado claro que si Hacienda termina cumpliendo su palabra, no dudarán en unir sus votos al PP para levantar ese veto en la Mesa del Congreso. “Cuando alguien recurre a un veto es que han perdido el debate. Nosotros vamos a levantar ese veto para que la Cámara pueda discutir”, dijo este jueves en una entrevista en Telecinco la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tiene claro que en este tema el grueso del Congreso respalda su posición. 

Es cierto que el planteamiento de Sumar cuenta con un amplio apoyo de la Cámara Baja. Los partidos de izquierda, como ERC, EH Bildu o Podemos, defienden eximir de la tributación a las personas que menos tienen como una forma de contribuir a la justicia fiscal. Las razones del PP para votar a favor de esta medida están más alineadas con su discurso contra los impuestos. 

Díaz, que suele evitar las peleas públicas con el PSOE, no ha dudado en mostrar su enfado en esta ocasión, igual que hizo con la reforma laboral. Y asegura, por tanto, que irá hasta el final para que el SMI quede sin tributar aunque, a partir de ahora, todos los pasos llevan a una alianza con el PP: primero en la Mesa y después en cada escalón de la tramitación parlamentaria. 

Eso no quiere decir que la vía para el acuerdo esté agotada. La ministra ha asegurado en público que buscarán hasta el último momento ese entendimiento. De hecho, según fuentes parlamentarias de Sumar, Díaz ha conversado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de encontrar una solución negociada.

En ese sentido, la alianza de izquierdas asegura que no es inflexible a la hora de establecer un umbral para que el salario mínimo comience a tributar. Aunque sí tienen claro que si eso acaba pasando tiene que cumplirse primero el acuerdo de Gobierno que marca que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio antes de que termine la legislatura. 

Si ese acuerdo no llega, los primeros movimientos se darán en las próximas semanas en la Mesa del Congreso. Sumar y PP unirán sus votos contra el PSOE para no acatar la opinión del Gobierno y la tramitación parlamentaria seguirá su curso. La parte socialista del Ejecutivo podría, en cualquier caso, recurrir la constitucionalidad de ese acuerdo de la Mesa, puesto que la prerrogativa para que Hacienda muestre su conformidad con una iniciativa legislativa está reflejada en la Carta Magna. La argumentación es que ese texto que se debate afecte a los créditos o suponga un incremento de los Presupuestos Generales del Estado.

El último precedente es de esta misma semana. El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión una resolución para iniciar los trámites de un recurso de inconstitucionalidad al acuerdo de la Mesa del Senado para no aceptar el veto del Gobierno a una serie de enmiendas sobre la ley de desperdicio alimentario que afectan a las cuentas públicas. La Cámara Alta se saltó esa decisión y sus consecuencias han provocado una tremenda bronca este jueves en el Congreso.

División sobre el gasto militar 

El Gobierno ha vivido también cierto revuelo interno esta semana a cuenta del incremento del gasto militar. Aunque la vicepresidenta segunda ha tratado de evitar un choque público y frontal con el PSOE en este sentido, el grupo parlamentario ha tenido que posicionarse claramente en dos iniciativas parlamentarias sobre la política de defensa de España. 

Una moción del Bloque Nacionalista Galego que se debatió el martes y se votó este jueves instaba al Gobierno a rechazar el plan de rearme de la Unión Europea, a abandonar la idea del incremento del gasto militar e, incluso, abandonar la OTAN. Una tríada de consignas que el Partido Socialista rechaza de plano, pero que Sumar ha acabado apoyando después de varios intentos de negociación con el BNG para introducir una serie de enmiendas. 

El choque de posiciones ya se dejó ver en el debate del martes. “No nos dejaremos arrastrar a una economía de guerra que situaría el gasto militar en los niveles álgidos de la Guerra Fría de los años 1970”, defendía el diputado de Sumar Agustín Santos Maraver. 

Al término de la jornada, el presidente del Gobierno compareció tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas y tras cargar contra la decisión del PP de tumbar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, descartó cualquier posibilidad de adelantar las elecciones. Tras las votaciones perdidas en el Congreso este jueves, se comprometió a que su Gobierno “sudará la camiseta” para intentar pactar unas cuentas públicas y en caso de no conseguir los votos, se abrió a prorrogar de nuevo los presupuestos, informa Irene Castro.