Mujeres que pagan por abortar aunque lo cubre la pública: hay comunidades en las que son casi la mitad
Es una prestación sanitaria pública y gratuita desde 2010, pero todavía hay mujeres que pagan por abortar. Lo hacen en clínicas privadas que ofrecen el servicio por unos 300 o 400 euros para gestaciones de menos de 12 semanas. A partir de ahí, el precio suele subir. Irene estaba de siete cuando pidió cita en un centro médico de Madrid para interrumpir su embarazo, una decisión que tomó sin dudar, al igual que la de acudir directamente a la clínica que le había recomendado una amiga sin plantearse demasiado hacerlo en la sanidad pública: “Tenía muy claro que no quería ser madre, fue un poco shock enterarme y lo que necesitaba era resolverlo de manera inmediata”.
Esta mujer de 43 años finalmente sufrió un aborto natural, pero estuvo a punto de sumarse a las casi 5.000 mujeres que en 2023 se costearon el aborto en la Comunidad de Madrid: son un 27,5% del total de intervenciones realizadas, según la estadística oficial. Aquel año se realizaron en España 103.097 abortos, pero con los datos disponibles no es posible saber cuántas mujeres pagaron en total porque el Ministerio de Sanidad no incluye este dato en sus informes, algo que solo hace una parte de las comunidades.
Las cifras a las que ha podido acceder este medio dibujan un mapa heterogéneo con comunidades en las que casi todas las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) son financiadas y otras en las que buena parte de las mujeres pagan por ellas. Entre las primeras se encuentran Navarra y Cantabria, donde solo entre un 1 y un 3% de los abortos fueron costeados directamente por ellas, Euskadi (5,8%) y Andalucía (10%). Catalunya, cuyos datos más actualizados corresponden a 2022, se queda en el 18%, le sigue Madrid con mayor número de intervenciones no financiadas y Castilla y León, donde un 41,8% de mujeres pagaron por abortar en 2023. El resto de comunidades no publican este dato y las consejerías de sanidad han rechazado facilitarlo.
Detrás de afrontar del propio bolsillo el coste de una IVE a pesar de que es una prestación cubierta por la sanidad pública hay un abanico de motivos. En general, lo habitual en España es que las mujeres acaben abortando en clínicas con las que la administración concierta el servicio porque los centros públicos no asumen las intervenciones: así fue en el 81% de los casos en 2023. La inmensa mayoría de estas mujeres no paga por la intervención, pero algunas sí. “Siempre va a haber un porcentaje de mujeres que pague como en cualquier prestación, pero no estas cifras que vemos”, sostiene Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Parte de las decisiones de pagar se deben a que las puertas de entrada al aborto gratuito son complicadas, teniendo en cuenta que hablamos de una prestación en la que preocupan tanto los tiempos y la necesidad de confidencialidad
Entre los factores que pueden empujar a esta situación, todas las expertas consultadas apuntan a la complejidad de los circuitos de acceso al aborto gratuito: “Hay poca claridad sobre qué es lo que una mujer que quiere abortar tiene que hacer. En la mayoría de comunidades son varios pasos y derivaciones, hay que acudir a varias ventanillas y a veces se convierte en un periplo”, asegura Aldavert. Y es que cada autonomía establece su propio itinerario. En Asturias basta con acudir directamente a la clínica, pero en otros lugares es más enrevesado. En Madrid, todas las mujeres tienen que pasar por la Unidad de IVE de la calle Sagasta, que solo tiene horario de mañana, a la que tendrán que volver después de haber ido a la clínica, y finalmente regresar a esta para la intervención.
“Parte de las decisiones de pagar se deben a que las puertas de entrada al aborto gratuito son complicadas, teniendo en cuenta que hablamos de este tipo de prestación, en la que preocupan tanto los tiempos y la necesidad de confidencialidad”, añade Aldavert. Es precisamente lo que empujó a Irene a afrontar el gasto: “Yo siempre voy a la pública, creo que en ella están los mejores profesionales, pero en este caso pensaba que tenía que pedir cita a la médica de cabecera y eso iba a ser una semana, luego ir a Sagasta... No estaba preparada para que se alargara y además no sabía muy bien cómo era el procedimiento porque es algo que no se explica. Para mí el camino más rápido y fácil era el otro”.
A la falta de información apunta la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos como una de las barreras de acceso a la IVE gratuita. “La información que dan las consejerías de salud en sus páginas web es complicadísima, muy poco clara y poco accesible y no existen campañas institucionales”, afirma Aldavert, que señala además como algo habitual que las primeras opciones que aparecen en buscadores de Internet al teclear “¿cómo abortar?” son las clínicas privadas “y no todas informan de que se puede hacer de forma gratuita”.
Los precios de los abortos que ofertan las clínicas se sitúan más o menos en las mismas horquillas: en el centro médico Aragón, que tiene presencia en Barcelona, Girona y Mallorca, la IVE antes de las 12 semanas de gestación cuesta entre 370 y 390 euros en función del método; en la madrileña clínica Isadora son 345 con anestesia local y 440 euros con anestesia general mientras que en la clínica Acuario de Valencia son 450 euros independientemente del método. Los precios ascienden a medida que lo hace el tiempo de gestación: en este último caso, de 13 a 14 semanas cuesta 650 euros –más 100 euros de sedación–. A partir de ahí, que es cuando la ley solo permite abortar si es por motivos médicos, el precio suele superar los 1.000 euros.
“¿Es gratis? ¿Dónde voy?”
Para contribuir a paliar el déficit de información sobre el aborto, la asociación ha puesto en marcha un teléfono y una página web en la que recopila toda la información disponible al respecto y por comunidades. Además, desde la asociación acompañan y asesoran a mujeres. Tres son las preguntas que con más frecuencia se repiten: “Que si es legal, si es gratuito y dónde se hace”, sostiene Aldavert, que lo achaca al “desconocimiento generalizado” que existe sobre este derecho: “El aborto empezó a ser gratuito en 2010, las mujeres que vienen de los imaginarios anteriores o de otros países o situaciones culturales lo más probable es que piensen que hay que pagar”.
En la Comunidad de Madrid la financiación pública del aborto en las mujeres migrantes es menor: así, el 80,8% de las españolas acceden a la IVE gratuita, un porcentaje que desciende al 65,2% en este último caso
Desde la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) aseguran que los centros concertados “tenemos la obligación de decirle a la mujer que tiene derecho a ir la Seguridad Social” y coinciden en que “circuitos más ágiles y más sencillos” les facilitarían la vida, en palabras de Francisca García, presidenta de la asociación, que insiste en que en las clínicas “no se prioriza para dar la cita antes” a quienes pagan. Añade, además, otro factor: “Hay un criterio de privacidad, no quieren pasar por el circuito para salvaguardar lo máximo posible su intimidad”, algo que tiene que ver “con el estigma que sigue habiendo” sobre el aborto, cree García, que dirige dos clínicas en Granada y Almería.
Las expertas apuntan también a la situación de las mujeres migrantes que no tienen tarjeta sanitaria, que “sin duda” forman parte de este grupo de mujeres que pagan por abortar “porque se les niega el acceso”, dice Aldavert. Lo han comprobado desde la asociación: de las 400 mujeres que han acompañado en el último mes para acceder a la IVE, un 20% no tenían tarjeta, “más de la mitad” en Madrid. Precisamente el informe anual de esta comunidad revela que la financiación pública del aborto en las mujeres migrantes es menor: así, el 80,8% de las españolas acceden a la IVE gratuita, un porcentaje que desciende al 65,2% en este último caso. “La situación varía entre comunidades, en Catalunya se ha dictado una instrucción para evitar que sean excluidas del aborto gratuito, pero en otras es muy difícil. Hay organizaciones que les ayudan, pero al final es tal el periplo que muchas se las apañan para pagar”, explica Aldavert.
Pagar o viajar
En este escenario variable hay casos como el de Castilla y León, donde casi la mitad de las mujeres se costearon la IVE en 2023, una situación que muestra como pocas uno de los efectos que tiene que muchas mujeres sigan obligadas a salir de su provincia para abortar. Deben viajar porque en muchos lugares los hospitales públicos no asumen las intervenciones y no hay clínicas con las que concertar el servicio o, si las hay, las consejerías de salud no lo conciertan o estas no se presentan a los concursos. Es este un fenómeno que afecta a casi todas las provincias de Castilla y León, que suelen tener que ir a Valladolid o Madrid para abortar gratuitamente.
La mujer que quiere hacerlo en su ciudad, en León, tiene que pagar. Aquí se ponen muchas trabas desde siempre
Por eso, muchas mujeres acaban decidiendo abortar pagando si tienen un centro cerca en su propia provincia, lo prefieren a tener que desplazarse, en ocasiones, hasta 300 kilómetros. Es el caso de las mujeres que viven en León, donde el 56% de las IVE no son financiadas por la pública y donde existe una clínica, la Buenavista, que está acreditada para practicar abortos. “La mujer que quiere hacerlo en su ciudad, en León, tiene que pagar. Aquí se ponen muchas trabas desde siempre y este año al concierto no nos hemos presentado porque es una vergüenza y se priorizan las ofertas más baratas por encima del bienestar de la mujer. Por ejemplo, la distancia les importa cero”, explica Emilia García Mediavilla, psicóloga del centro.
La situación llega al punto de que las leonesas llevan siendo obligadas desde este enero a trasladarse a Madrid para poder acceder a la IVE financiada, en vez de a Valladolid que les queda más cerca, confirman desde Buenavista. “Supongo que será porque han preferido darle el concierto a una clínica madrileña que habrá hecho una mejor oferta económica”, añade la profesional, que asegura que “antes, una clínica de Salamanca tenía concierto, pero ahora se lo han dado a Valladolid imagino que por el mismo motivo”. En resumen, para las residentes de estas provincias hay dos opciones si quieren abortar: o pagar o viajar.
Se suma en este caso “la dificultad del itinerario” diseñado para financiar la IVE, a la que se refieren todas las expertas: “Tienen que ir al médico de cabecera, les deriva a ginecología o matrona y luego a la trabajadora social, desde donde se gestiona la cita. Les llaman y les dicen el día que les han dado, ni se puede elegir ni nada”, explica García Mediavilla, que conoce de primera mano cómo se gestiona en Asturias –Buenavista tiene clínica también en Oviedo–: “Es uno de los lugares donde las mujeres tienen que hacer menos trámites y menos recorrido. Vienen directamente a la clínica y solicitan la cita, funciona como si fuera la pública, pero no pagan por ello”.
Situaciones particulares son también las de algunas comunidades y provincias que figuran con altos porcentajes de financiación pública de la IVE y que al mismo tiempo cuentan con altos porcentajes de abortos farmacológicos –es decir, con pastillas–. Es el caso de Cantabria, donde un 97% de las IVE fueron financiadas en 2023 y un 90% de las mismas fueron farmacológicas, en centros de titularidad pública. En este caso, asegura Francisca García, la presidenta de ACAI, “las mujeres que quieren abortar con método instrumental son enviadas a Madrid”. Lo mismo pasa en Burgos, cuyo hospital asume los abortos farmacológicos, pero no los quirúrgicos, que se derivan a Valladolid. En esta provincia, el 83% de las IVE son financiadas.
Esta, la de empezar haciendo abortos farmacológicos, es la forma en que parece que los centros de titularidad pública están incrementando la proporción de intervenciones que realizan, una vía que suscita debate entre asociaciones, profesionales y expertas. Hay quienes son conscientes de que la situación no es la ideal y saben que los centros deberían ofrecer ambas técnicas, pero lo consideran “un primer paso”. Otras voces apuntan a que, en la práctica, “se está sacrificando” el derecho a elección del método al que apunta la ley del aborto.
16