Aragón registra más de 300 incidentes discriminatorios de origen racial desde 2022

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra cada el 21 de marzo desde que, en el año 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica.

Casos de discriminación de origen racial, por nacionalidad o por la religión que se profesa se viven en nuestro entorno cada día. Muchos de los incidentes son “invisibles” y la falta de conocimiento e información es uno de los principales factores.

Yolanda es una mujer migrante de origen ecuatoriano que busca vivienda en Aragón. El dueño de un piso se niega a alquilárselo a esta mujer y a su familia argumentando que “solo alquila su casa a españoles”. Además, el propietario le exige a Yolanda una renta más alta que la habitual, y mayores garantías (nómina, aval bancario…) que a otra persona de origen español. En la búsqueda de una vivienda, al dar a conocer su nacionalidad, Yolanda se ha encontrado también con respuestas como: “el piso ya está alquilado”, aunque el anuncio siga colgado en la puerta del edificio.

En muchas ocasiones “las víctimas desconocen que se están violando sus derechos, como es el caso de Yolanda, mientras que en otros casos son los agentes que cometen la discriminación los que no son conscientes de ello”, explica Kossi Simeón Atchakpa, técnico del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem, entidad que gestiona este servicio en Aragón.

Este último ejemplo se suele dar en el ámbito sanitario, donde existen dificultades a la hora de acceder a los servicios de traducción por parte de las personas atendidas. A pesar de que existe la posibilidad de solicitarlos, el personal de los centros sanitarios a veces desconoce la existencia de este servicio o cómo proceder en su solicitud. La oferta de un servicio de traducción no solo mejora la atención que se presta al paciente, si no que, sobre todo, ayuda al personal médico con el diagnóstico presencial y la interlocución. 

Un servicio transversal para todo Aragón

En Aragón, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica está gestionado por Accem; organización sin ánimo de lucro española especializada en la atención de refugiados, inmigrantes en situación irregular y en situación o riesgo social. El centro de gestión del servicio está físicamente ubicado en Zaragoza, pero da cobertura a toda la comunidad autónoma: “nos llegan casos derivados de otras entidades públicas y sociales”, explica Simeón Atchakpa. 

Una vez que Accem tiene conocimiento del caso de discriminación relacionado con incidentes basados en el origen racial, nacional o étnico, el personal del servicio se pone en contacto con la víctima, “se lleva a cabo una entrevista para conocer los detalles del caso, hacemos un seguimiento y asesoramos a la persona”, explica el técnico responsable. Si es un caso delictivo que se puede judicializar, Accem acompaña a la persona a la hora de interponer la denuncia, y si se decide mediar entre las partes comienza otro proceso diferente. 

Es en los casos en los que el desconocimiento es uno de los factores principales que da lugar a la discriminación, en los que la mediación suele ser la vía más efectiva, “y solemos tener una respuesta positiva”. En los casos en los que la parte que discrimina es consciente del hecho y las víctimas deciden iniciar un proceso de denuncia, Accem les ofrece “acompañamiento en el camino”, apunta el técnico del Servicio, que además es “transversal”, añade. 

El acompañamiento a la víctima se apoya en diferentes programas de ayuda complementarios porque, como recuerda el técnico del Servicio, “hay personas que son víctimas de diversas discriminaciones al mismo tiempo”, y en estos casos, la detección de esta pluralidad es crucial. La divulgación también es fundamental para Accem, “nuestra labor es concienciar a la ciudadanía, explicar que ciertos comportamientos no son adecuados”, añade Simeón Atchakpa, que ha sido víctima de discriminación, y que confiesa que se sentiría mucho mejor si el índice de infradenuncia fuera más bajo, porque “habría más casos con resolución positiva”. 

La esperanza de que la sociedad sea más permeable y sensible una vez conocido el daño que genera la discriminación, y de que este conocimiento sea el motor que impulse el cambio, es una de las piedras angulares del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

Solo 94 casos han prosperado como denuncia o con intermediación

La discriminación está presente en todos los ámbitos de la vida, pero son Vivienda, Salud, Educación, Trabajo y Atención Ciudadana las áreas con mayor número de incidencias. También existe discriminación entre los ciudadanos, “son los casos más complicados de categorizar”, y también los más difíciles de “dar solución”. 

Desde el año 2022, en Aragón más de 300 personas han sido atendidas tras ser víctimas en un caso de discriminación relacionados con incidentes indiciariamente discriminatorios y basados en el origen racial, nacional o étnico. De ellas, solo 94 casos se han llegado a registrar como denuncia o han sido atendidos a través de intermediación; “para mí es un fracaso, no hemos llegado a dar respuesta ni al 50% de las personas atendidas”, se lamenta el técnico, que insiste en la necesidad de denunciar o de llegar a la fase de mediación porque “es bueno para la sociedad entera” a futuro. 

En el plano laboral es donde más se deja sentir ese “miedo” a denunciar un caso de discriminación. En los trabajos se traduce en el “miedo a ser despedidos” con el que cargan las víctimas. En otras ocasiones, ni siquiera se da la oportunidad de demostrar la valía en el puesto de trabajo. Es el caso de Fátima, una mujer marroquí de 30 años que tras consultar una oferta de empleo en la prensa local se pone en contacto por vía telefónica con una empleadora que demanda una empleada de hogar. Tras realizarle algunas preguntas, la empleadora pregunta por su procedencia. Al conocer que Fátima es marroquí da por finalizada la entrevista. 

Simeón Atchakpa tiene claro por qué las víctimas deciden no seguir adelante con el proceso: “la gente te cuenta lo que le sucede, pero se echa para atrás porque su preocupación es tener un techo y comida, no tienen fuerza ni tiempo para comenzar un proceso de denuncia”, sentencia el técnico. La revictimización es otra de las palancas de freno en estos casos, “hay muchas denuncias que no llegan a nada”, y es entonces cuando la víctima se ve obligada (en la mayor parte de los casos) a volver a pasar por un proceso de discriminación igual o más intenso que el que ha provocado la denuncia.  

El compromiso público, la luz al final del túnel

Desde Accem reconocen que han mantenido reuniones con administraciones como el Servicio Aragonés de Salud, y en el ámbito judicial y de seguridad nacional y confían en la existencia de “un compromiso firme (por parte de estos organismos) de continuar trabajando para solucionar aquellas situaciones en las que se están produciendo episodios de discriminación”. Simeón Atchakpa se muestra optimista en los avances de la sociedad ante cuestiones como “el derecho de una persona a solicitar protección internacional o las aportaciones de una sociedad culturalmente diversa”, que antes se veían como algo ajeno.

Sin embargo, la entidad mantiene la necesidad de denunciar “el daño” que estas situaciones de discriminación racial o étnica, ya sean de manera directa o indirecta, provocan en las personas que las sufren, así como en sus familiares, especialmente cuando las víctimas son menores o personas con una vulnerabilidad añadida ya sea por su edad o por tener capacidades diferentes. Accem aseguran que estarán vigilantes ante el cumplimiento de los compromisos establecidos por la administración pública.