CCOO lleva a juicio a Educación por vulnerar la salud y la integridad física de los docentes aragoneses

La Federación de Enseñanza de CCOO ha denunciado al Departamento de Educación de la DGA por vulnerar el derecho de sus docentes a negociar y proteger sus condiciones de salud en el trabajo. Una situación que viene dada porque este organismo lleva casi cuatro años sin convocar los comités de seguridad y salud de Zaragoza, Huesca y Teruel de los docentes no universitarios. Un órgano de participación donde, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, deben negociarse las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Según la normativa de la propia admisión, estos Comités, deberían reunirse, al menos, bimensualmente. 

Comisiones Obreras ha pedido incesantemente la convocatoria de estos órganos a través de los cauces oficiales, y ha denunciado en varias ocasiones, tanto públicamente como en la Inspección de Trabajo, “el incumplimiento de la ley” por parte de este Departamento. La consecuencia más inmediata es, según este sindicato, “que los docentes no se encuentran protegidos en sus puestos de trabajo ante la falta de planes de prevención de riesgos laborales, evaluación de los puestos de trabajo o formación e información en esta materia”. 

En los últimos tiempos, el colectivo de docentes no universitarios aragoneses “ha sufrido un aumento de los accidentes laborales, las agresiones en el puesto de trabajo y los problemas de índole psicosocial, como un elevado estrés y ansiedad ante unas condiciones de trabajo cada vez más difíciles. Esta realidad ha supuesto un incremento considerable de las incapacidades temporales por motivos de salud, siendo muchas de ellas evitables si se llevaran a cabo medidas serias de prevención de riesgos en los puestos de trabajo y se protegiera la salud laboral de los trabajadores de los centros educativos”.

CCOO asegura que, “ante la inactividad y falta de respuesta de la Administración no le queda otro remedio que denunciar al Departamento de Educación por el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.