Sobre la falta de garantías del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha

El pasado sábado 8 de marzo acudí, como suelo hacer todos los años, a la concentración de mi ciudad con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Año tras año, seguimos reclamando, reivindicando y luchando y sigo oyendo muchas, demasiadas, consignas que repetimos una y otra vez. Una de las más recurrentes es el derecho al aborto. Parece mentira la cantidad de años que llevamos reclamando garantías para poder ejercer nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y es que seguimos sin quitarnos de encima la vergüenza y el acoso por ejercer nuestro derecho humano y decidir libremente sobre nuestra salud reproductiva.

Veamos sus componentes esenciales para entender este retroceso: derecho, interrupción del embarazo y voluntaria. Los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad están consagrados hace años en el derecho internacional. En España, la Ley Orgánica 2/2010 y su reforma en 2023, establece el derecho a la IVE y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. No hay duda, la IVE no es un acto ilícito, ni un método anticonceptivo, ni un homicidio, ni una vergüenza, es un derecho; y como tal, debe ser garantizado y protegido.

En segundo lugar, hablar de interrupción del embarazo nos sitúa en el terreno de la sanidad. Como parte del derecho a la salud y como prestación sanitaria, el estado tiene la obligación de garantizar una interrupción del embarazo con todas las garantías; lo que significa que debe ser accesible, segura, dentro del sistema sanitario público, respetuosa, sin discriminación y garantizando los derechos fundamentales de las mujeres. Todo esto implica que las mujeres tenemos derecho a que la IVE no sea un calvario, difícil, oscuro y estigmatizado. Y a que se realice en centros públicos y cerca de nuestro hogar. Y no lo digo yo, lo dice el sentido de los derechos humanos y el Tribunal Constitucional. 

Lo que me lleva al tercer punto, voluntaria. Voluntaria significa dos cosas. Primero que cada mujer acorde a sus circunstancias, valores, cultura, etc. puede decidir y decide por sí misma, de forma potestativa. Y voluntaria tambien implica que se debe ejercer sin presiones, coacciones, de forma segura, bien informada y garantizando la intimidad. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice el Código Penal que sanciona la instigación a las mujeres que acuden a centros a realizar IVE o el Tribunal Constitucional que avala las penas por el acoso a las mujeres en las clínicas.

Pero veamos la situación en Castilla-La Mancha. En general en España las IVE se vienen realizando en clínicas privadas, y en Castilla-La Mancha en 2023, ningún centro público de la región notificó IVE. Esto implica, primero, que se está negando un derecho en centros públicos. Esto tiene poco sentido en un sistema sanitario público, consolidado y con amplias coberturas como el nuestro. Supone la derivación, sobre todo a centros privados, de una prestación que la sanidad pública tiene medios de sobra para realizar. Y, lo más importante, obliga a las mujeres a desplazarse innecesariamente a otras comunidades autónomas o bien a las dos clínicas privadas de la región, incumpliendo el principio de accesibilidad del derecho a la IVE.

Esto es así porque la propia Ley de 2010 establece la posibilidad de objeción de conciencia de los y las profesionales sanitari@s para no realizar IVE. En principio, en Castilla-La Mancha parece que el nivel de objeción de los y las profesionales imposibilita llevar a cabo IVE en centros públicos. Y digo parece, porque realmente no hay constancia ni información sobre ello; es una nebulosa donde toda la sanidad pública ha objetado. 

Se está negando un derecho en centros públicos. Esto tiene poco sentido en un sistema sanitario público, consolidado y con amplias coberturas como el nuestro

Pero la Ley también establece que esta objeción es individual y debe comunicarse. Desde 2023 las Comunidades Autónomas deben implantar un registro de objetor@s, tanto para la sanidad privada como la pública. Este punto es importante porque los y las profesionales que, en su derecho, aleguen objeción de conciencia para no realizar IVE, lo aplicarán tanto en centros públicos como privados. 

Pero no todo son malas noticias, y justo hace unos días, por fin, el Gobierno regional ha creado el registro de objetores, donde los y las profesionales de forma confidencial, individual y explícita, podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Esperemos que con ello se arroje luz sobre las IVE en centros públicos y, sobre todo, las mujeres podamos ejercer nuestro derecho cerca de nuestro hogar y con medios y recursos púbicos, como el resto de las prestaciones sanitarias.

Otro escollo que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la IVE en nuestra región es el acoso constante y cronificado que sufren las mujeres cuando acuden a las dos clínicas privadas. Especialmente por parte de organizaciones ultracatólicas que coaccionan, intimidan y hostigan tanto a mujeres como a profesionales, violando su derecho a la intimidad, a la protección y seguridad y al principio de voluntariedad. Acciones que, a pesar de que el Código Penal sanciona, gozan de total impunidad en nuestra región.

Esta situación y el consiguiente retroceso del derecho a la IVE en Castilla-La Mancha lleva años siendo denunciada por organizaciones de mujeres de nuestra región como Ágora Feminista. En abril del pasado año, junto con Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha y con el apoyo de 25 organizaciones, se trasladó esta situación y preocupación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ante la falta de respuesta, en octubre, lideradas por estas dos organizaciones, se movilizaron más de 20 entidades feministas, sociales y sindicales en las cinco provincias, para reclamar la garantía del pleno ejercicio del derecho a la IVE. Actualmente estas organizaciones siguen luchando y reclamando a la Consejería de Sanidad transparencia y medidas concretas para proteger el derecho a la IVE.

En definitiva, para garantizar el derecho a la IVE en nuestra región, nuestra Comunidad Autónoma debe asegurar que las mujeres podamos acceder fácilmente a esta prestación sanitaria, en centros públicos y cercanos a nuestro hogar y con plenas garantías y, así mismo, prevenir, perseguir y sancionar el acoso y hostigamiento al que están sometidas las mujeres que libre y voluntariamente deciden ejercer su derecho a la IVE.