60 días con okupas en Carabanchel: la inmobiliaria señala una “mediación legal” en marcha para echarles, pero no da fecha

Los días 6, 7 y 8 de diciembre muchos salían de sus casas para disfrutar de unas breves vacaciones antes de Navidad. Era el último puente del año, el de la Inmaculada, y una parte del Madrid cotidiano quedó vacía. Pero en el número seis de la calle Excelente, en Carabanchel Alto, ocurría justo lo contrario. Unos furgones aparcaron frente al bloque de viviendas inaugurado meses antes, en verano. De ellos bajaron varias familias con enseres de mudanza y accedieron entonces a casi una treintena de pisos. Todos, situados en el bloque 1.

La coincidencia levantó sospechas entre los vecinos. Poco después los promotores del edificio, que pertenece a Vivenio, confirmaron el augurio: no eran inquilinos legales, sino okupas que lograron acceder a las viviendas vacías que abundaban en el inmueble. Los arrendatarios denunciaron públicamente los altercados que vivieron con los usurpadores poco después de su llegada. Estos últimos, en declaraciones a El Mundo, aseguraron haber sido víctimas de una estafa. Según la versión que recogió este medio, las familias –casi todas de origen peruano– compraron los pisos a un supuesto clan en el barrio, que los vendió por 2.500 euros de máxima en total. Muchas de ellas han presentado una denuncia por vías oficiales aludiendo a estos hechos.

Los alquileres en el edificio rondan los 895 euros mensuales por viviendas de una habitación con poco más de 30 metros cuadrados útiles, aunque el precio varía en función del tamaño y las características de cada casa. Como tope, pueden rondar los 1.500 euros al mes. Para entrar y salir del edificio, los usurpadores cuentan con un conserje propio que, en realidad, es uno más de ellos. Permanece en el interior del bloque y facilita el acceso de quienes no tienen las llaves del portal. Dos meses después la tensión crece, los encontronazos se suceden e incluso ha habido detenciones. Pero el problema sigue lejos de solucionarse.

Antecedentes: peleas y acusaciones cruzadas

Uno de los episodios que más hizo trascender el caso ocurrió el pasado 23 de diciembre, en la previa de Nochebuena y dos semanas después de su ingreso. La inmobiliaria había contratado a una empresa de desokupación que rondaba en los alrededores. Ese día vivieron un enfrentamiento directo y aparatoso con las nuevas familias, en el que se utilizaron gas pimienta, golpes o agresiones que corrieron como la pólvora en las redes.

Fue entonces cuando la macrookupación de Carabanchel llegó a oídos del resto de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, llegó a referirse a los acontecimientos durante un acto en la plaza del Dos de Mayo: atribuyó entre líneas al Estado la deriva de los okupas en España y sugirió que son las leyes las que ralentizan su expulsión. Agentes policiales acudieron al edificio en ciertas ocasiones desde la llegada de las familias, pero al no disponer de una orden judicial no podían proceder a su desalojo.

Para resarcirles, la empresa Vivenio les ofreció en diciembre eliminar la penalización a quienes decidieran marcharse y reducir durante dos meses el alquiler a los que permanecieran. Si vivían en el bloque 1, junto a las viviendas okupadas, la rebaja rondaría el 15% y si no, el 10%. Desde el inicio la compensación les resultó insuficiente, tal y como confirmaron a Somos Madrid, pues tenían la percepción de que el problema de la usurpación “se alargaría más allá” de esos 60 días previstos. Así ha terminado ocurriendo.

Detenciones recientes y un menor que agredió a otra joven

No obstante sí hubo detenciones recientes entre ellos, aunque fuera por causas externas. Esta misma semana, el lunes, tres de los residentes sin contrato acabaron apresados tras una discusión con agresiones. Dos hermanas peruanas de 31 y 19 años iniciaron la bronca, que acabó en una pelea donde la pareja de una de ellas trató de hacer de intermediario. Todos acabaron siendo escoltados por los agentes, aunque no por delitos relacionados con la usurpación de viviendas: ellas por violencia doméstica y él, por incumplimiento de la ley de Extranjería.

En otro conflicto anterior no llegó a haber detenciones, pero los hechos trascendieron nuevamente fuera de Carabanchel. Un chico de 13 años agredió el 19 de enero a su novia, de 16. Ella solo recibió heridas leves y pronto fue dada de alta tras la intervención rápida del Samur (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate). El chaval no pudo ser detenido al ser menor de edad y, por lo tanto, inimputable. Pero la llegada de ambulancias y la presencia policial volvió a incrementar el rumor sobre la macrookupación en La Peseta.

En total, la estructura cuenta con unos 60 pisos de los cuales, casi la mitad no los ocupaban inquilinos legales. En este tiempo hubo al menos una pareja que abandonó el inmueble y otros nuevos okupas que accedieron a las viviendas. Las protestas vecinales propiciaron una cacerolada reciente a las puertas del edificio, siendo esta la primera muestra de indignación en plena calle después de meses haciéndose eco del problema en redes o medios de comunicación.

La respuesta de Vivenio: habrá expulsión, pero no saben cuándo

Ante la sucesión de acontecimientos y los señalamientos como responsables, la empresa promotora del bloque de viviendas ha roto su silencio. Vivenio ha contratado en los últimos días a un equipo de comunicación para hacer frente, entre otras cuestiones, a las afirmaciones o rumores que circulan a su alrededor. En un primer momento la inmobiliaria mantuvo un silencio administrativo ante las preguntas de periodistas e incluso los inquilinos de la calle Excelente se mostraron frustrados por sus largos tiempos de respuesta.

Dos meses después de estallar la polémica, la inmobiliaria asegura a Somos Madrid que tienen en marcha un proceso de “mediación legal” para expulsar a los ocupantes de las viviendas. También inciden en que para ello mantienen una colaboración directa con las administraciones públicas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –en este caso, Policía Nacional y Municipal– y una comunicación “oportuna” con los residentes legales.

Manifiestan que su intención es poner fin al problema “lo antes posible” pero no especifican una fecha tope ni dan respuesta a otras dudas planteadas. Es habitual que este tipo de procedimientos se mantengan con discreción para no desvelar las acciones legales ante los aludidos. Vivenio remarca, así mismo, que todas sus actuaciones funcionan en base al “marco jurídico actual”.