La absolución de Medina y Luceño certifica la impunidad de los comisionistas de la pandemia

El 30 de marzo de 2020, cuando las autoridades sanitarias registraban más de 800 fallecimientos diarios por COVID en España, Alberto Luceño envió un correo electrónico a Luis Medina con una frase: “Pa la saca”. Esas tres palabras servían para explicar que las comisiones habían empezado a llegar a sus cuentas bancarias. Los jueces han certificado ahora que su plan funcionó, como el de otros comisionistas que hicieron fortuna en la pandemia, y que la ausencia de controles en la compra de material sanitario en esos meses se convirtió en un coladero de intermediarios que ocultaban su botín en sobreprecios pagados con dinero público.

La sentencia del caso, todavía recurrible, deja negro sobre blanco cuál era el trabajo de Medina y Luceño: “Poner a dos partes en contacto”. Por un lado, a un Ayuntamiento de Madrid que, como todas las administraciones públicas, buscaba mascarillas hasta debajo de las piedras. Por otro, a la empresa malaya Leno, con capacidad para traer ese material desde China. Llegaron hasta la responsable de esas compras a través de un camino que engrasó un primo del alcalde y “ocultaron” durante semanas de mensajes y llamadas que un 30% del dinero que iba a pagar la funeraria municipal iba a ir directamente a sus bolsillos.

La Audiencia de Madrid ha condenado a Luceño por delinquir para ocultar su botín y por falsificar algunos documentos, pero entiende que los empresarios no estafaron al Ayuntamiento porque, en esencia, su plan salió a la perfección: ellos no tenían por qué decir que iban a cobrar esas comisiones, sus interlocutores del consistorio tampoco hicieron preguntas y el Consejo de Administración de la empresa pública nunca tuvo datos para debatir por qué estaban comprando las mascarillas más caras de España. Al amparo de los procedimientos de emergencia habilitados para comprar material sanitario sin pasar unos controles que nadie se podía permitir en ese momento.

Cazar a un comisionista en un renuncio nunca ha sido fácil para los tribunales, ni en una situación de emergencia sanitaria ni con todos los mecanismos de contratación a pleno rendimiento. Anticorrupción ya explicó hace tres años en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso que el secreto del éxito de un comisionista es la discreción: no había ninguna prueba de que esa compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid se hubiera amañado de alguna manera a su favor y su participación como intermediario, además, “fue desconocida por los funcionarios” que tramitaron la compra.

Los comisionistas también existen y trabajan cuando un contrato se adjudica en un procedimiento normal de compra con todos los controles en regla, pero sus expectativas mejoran cuando la situación de emergencia activa el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y se levantan las metas flotantes: no hay expediente de contratación, no hay varias ofertas, apenas hay plazos y todo el control se realiza a posteriori. Se transforma una administración pública, en definitiva, en una privada, donde el mercado manda por encima de la función pública.

La sentencia que exonera a Medina y Luceño de la estafa lo ilustra a la perfección. Consideran los jueces que los empresarios nunca informaron al Ayuntamiento de que ellos iban a cobrar una comisión porque, en realidad, no tenían necesidad de hacerlo: no se les puede exigir una “absoluta sinceridad” y, además, “no existe previsión legal” que les obligue. Otros suministradores de material sanitario tampoco ofrecieron información al respecto a la funeraria municipal, encargada en ese momento de centralizar las compras. Y los jueces no terminan de creerse lo que dijo Elena Collado, entonces responsable de compras en el consistorio: que los empresarios negaron que fueran a cobrar comisiones. No creen a esta testigo clave del caso a pesar de que hay pruebas de que ya entonces dijo exactamente eso a todos sus colaboradores en el ayuntamiento.

De Almería al caso Koldo

La resolución de la Audiencia Provincial tiene más de un centenar de folios que se resumen en un relato de éxito de dos comisionistas. Luceño tenía los contactos necesarios en China y Medina los tenía en Madrid. Además, la ausencia de controles y preguntas propició que su botín sea perfectamente legal: los 4,58 millones de euros que fueron “pa la saca”, en sus propias palabras, del total de 14,8 millones que había desembolsado el ayuntamiento. Solo se expone a entrar en la cárcel el empresario Alberto Luceño por la gestión posterior que hizo de su fortuna, dejando de pagar impuestos e intentando ocultar sus ganancias comprando relojes y coches de alta gama e incluso una casa de lujo.

La similitud entre el caso de Medina y Luceño y el de Tomás Díaz Ayuso fue expuesta con éxito por José Antonio Choclán, abogado del hermano del duque de Feria, que tras su absolución puede solicitar incluso recuperar el yate que se compró con la comisión. “Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso, que fue archivada, en el que se vendieron también mascarillas a un precio de cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado”, dijo el letrado. 

Tribunales de todo el país analizan en una docena de causas cómo empresarios, comisionistas y cargos públicos aprovecharon la pandemia, la necesidad urgente de material y la relajación de los controles para hacer fortuna en medio de la oportunidad que fue para todos ellos la crisis sanitaria. Empezando por el caso Koldo, donde la Audiencia Nacional y el Supremo investigan si empresarios como Víctor de Aldama se aliaron con cargos públicos como Koldo García y José Luis Ábalos para, a cambio de comisiones y favores, tener información privilegiada y optar a contratos millonarios de compraventa de material sanitario en momentos de máxima necesidad.

Estas semanas avanza en un juzgado de instrucción de Almería uno de los primeros casos de supuestas mordidas y estafa en la compraventa de material sanitario. Un caso en el que permanece imputado el exvicepresidente tercero de la diputación por el PP, Óscar Liria, y que investiga si una red de empresarios y políticos del partido en la provincia amañaron contratos de compraventa de material sanitario a cambio de comisiones.

Las comisiones, legales o ilegales, salen tradicionalmente del mismo sitio: del cliente final. En el caso de Medina y Luceño, tal y como reconoce expresamente la sentencia, sus comisiones millonarias no salieron de las arcas de la empresa malaya Leno sino de las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Con estafa o sin ella, el botín de los comisionistas salió de las arcas municipales. “De no haber existido comisión o de haber sido esta menor, el precio también hubiera sido más reducido”, reconoce la Audiencia de Madrid.