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El Poder Judicial en funciones se instala en la ilegalidad tras ignorar el plazo para renovar el Constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Elena Herrera


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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones se ha situado este martes al margen de la ley al no designar en plazo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar. La fecha límite del 13 de septiembre que contempla la ley se ha rebasado sin que los vocales hayan iniciado siquiera las conversaciones sobre posibles nombres. Los consejeros elegidos a propuesta del PP, artífices de este bloqueo, alegan que no han encontrado un hueco para reunirse con los vocales progresistas hasta el próximo viernes. Además, la voluntad del sector conservador es que esa primera cita se centre en fijar “las bases del diálogo”. No se esperan, por tanto, grandes avances a corto plazo. 

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A día de hoy es una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo finalmente ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces e intenta que las declaraciones públicas de sus miembros no se interpreten como una presión a los vocales. “Quiero confiar en que en los próximos días veremos ese acuerdo al que deben llegar. Dejémosles trabajar”, dijo este martes la titular de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Detrás de esta estrategia están ocho vocales que forman parte del núcleo duro del sector conservador y que parecen dispuestos a evitar que la derecha pierda ya su mayoría en un tribunal tan relevante como el Constitucional. Durante las últimas semanas, miembros de este grupo ya habían deslizado que no se sentían concernidos con la fecha límite fijada en la ley y pidieron respeto por los “tiempos de decisión” del CGPJ. Así lo expresaron durante el pleno celebrado el pasado jueves, que finalizó sin más acuerdo que unas “reglas de procedimiento” sobre cómo designar a los aspirantes. Los vocales progresistas sí quieren que la renovación se haga cuanto antes aunque el pasado jueves decidieron no proponer ningún candidato al constatar la imposibilidad de llegar a acuerdos. 

La cuestión de los plazos centró parte de los debates de esa reunión, aunque no hubo consenso para incluir una fecha en las reglas fijadas ni para convocar otro pleno para el día 13 como propuso la vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU. Con esa petición la vocal buscaba una fórmula para cumplir con la ley. Miembros del sector progresista dan la máxima relevancia al hecho de que se haya pasado la fecha límite sin hacer los nombramientos. “Se trata de cumplir o no una ley. No podemos exigir a los ciudadanos que cumplan los plazos en los procedimientos judiciales a los que se enfrentan y nosotros obviarlos de esta manera”, dice uno de ellos a elDiario.es. 

Tácticas dilatorias

Los progresistas temen que los conservadores desplieguen ahora diferentes tácticas dilatorias para retrasar los nombramientos. Aseguran que muestra de ello es la lentitud con la que se van a iniciar las conversaciones y el hecho de que los conservadores hayan pedido centrarse primero en cuestiones organizativas. “Llevamos ocho años haciendo nombramientos sin la necesidad de fijar esas bases que ahora ven tan imprescindibles. Hay una voluntad clara de entorpecer”, dice otro vocal progresista. 

Con esta estrategia, los consejeros elegidos a propuesta del PP más críticos con el proceso buscan evidenciar su malestar con el hecho de que el Gobierno haya propiciado la elección de dos magistrados del Constitucional cuando tienen prohibido hacer otros nombramientos al estar en funciones. En especial, en el Tribunal Supremo, que acumula 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 jueces. La razón de fondo es, por tanto, su oposición a las reformas que ha promovido el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. La primera de esas reformas impidió a los vocales seguir nombrando magistrados –algunos para plazas tan relevantes como el Supremo o la Audiencia Nacional– con el mandato caducado, y la segunda les autorizaba para hacerlo solo en el caso del Constitucional

Esta última reforma incluyó una enmienda que establecía el citado plazo de tres meses que ha cumplido este martes y al que los conservadores no dan ninguna relevancia. Esgrimen, para ello, diversa normativa jurídica. Por un lado, aluden a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que la realización de actuaciones administrativas fuera de plazo no tiene ningún efecto si no lo impone la naturaleza del plazo. Y, por otro, cuestionan la técnica jurídica de esa última reforma. A este respecto, expresan sus dudas sobre que la enmienda pueda tener efectos sobre esta renovación porque el cambio legal se aprobó con el procedimiento ya iniciado y no se incluyó una disposición transitoria para garantizar su aplicación retroactiva. 

Con todo, la principal consecuencia de este bloqueo es que el Constitucional seguirá en funciones de forma indefinida con su actual correlación de fuerzas: seis magistrados conservadores (eran siete hasta que uno de ellos renunció por enfermedad en julio) y cinco progresistas. La renovación es determinante porque el sector conservador perdería la mayoría, pues tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponderían al ala progresista: los dos nombrados por el Ejecutivo, que serán de ese perfil ideológico, y otro del Poder Judicial. Desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador. 

Cambio de mayorías

Con esta renovación, la actual mayoría de seis a cinco a favor de los conservadores tornaría en otra progresista de siete a cuatro. Además, quedaría por suplir el puesto del magistrado que renunció por enfermedad Alfredo Montoya. Esta plaza corresponde al Senado y requiere un pacto entre PSOE y PP. Se consolidaría así una mayoría progresista en el tribunal de garantías durante los próximos nueve años, de la misma manera que los conservadores han sido mayoría desde 2013. Ese año, con Mariano Rajoy en la Moncloa, entraron en este turno tres magistrados conservadores y solo un progresista. 

Pero estos nombramientos deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 11 conservadores y ocho progresistas. El resultado debería ser un magistrado de corte conservador y otro de tendencia progresista, de acuerdo con la costumbre. Hoy por hoy, sin embargo, es imposible saber cuándo se harán las designaciones. 

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