Dos años de cárcel para el jefe de Hacienda de la Junta en Ávila por intentar cobrar una 'mordida' de 50.000 euros

El jefe de Inspección y Valoración Tributaria de la Junta de Castilla y León en Ávila investigado por intentar cobrar una 'mordida' de 50.000 euros por ayudar a pagar menos impuestos por una herencia ha pactado dos años de cárcel con la acusación particular y la Fiscalía. La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado al trabajador público como autor criminalmente responsable de un delito de cohecho y le ha inhabilitado para el empleo o cargo público durante cinco años, además del abono de las costas causadas, según la sentencia remitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El jefe de Inspección estuvo encargado de llevar la inspección de la declaración del impuesto de sucesiones de una mujer que había recibido una herencia de su hermana, fallecida en 2021. Durante su trabajo, detectó que en la declaración se habían omitido una serie de bienes, por lo que había que calcular una base imponible distinta y determinar una nueva liquidación del impuesto. Entonces, el condenado contactó con el hijo de la heredera —que era muy mayor y era representada por su hijo—.

Tuvieron varias entrevistas en horario de atención al público y fuera de él, incluidas dos de ellas en la calle, a propuesta del funcionario. El denunciante grabó las conversaciones que tuvo con el funcionario entre noviembre de 2022 y enero de 2023, en las que el trabajador público le pedía 50.000 euros porque tenía “problemas personales y económicos” y lo hacía “por su hijo y por desesperación”.

“En las grabaciones consta que el funcionario intentó cerciorarse de que el demandante no le estuviera grabando y le propuso como forma de pago de la dádiva, bien la venta y recompra de su vehículo, bien entregando cantidades diarias o bien entregándole la cantidad en varios pagos de 10.000 euros”, establece la sentencia, que establece que el funcionario pretendía “obtener un beneficio económico injusto”, aunque no llegó a realizarse ningún pago.

La sentencia se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de diez días desde la última notificación.