Despoblación, dispersión y envejecimiento: la apuesta de Feijóo para reformar la financiación que perjudica a los valencianos

“La despoblación ha de ser un criterio en cualquier sistema de financiación de una comunidad autónoma”, además de “la dispersión y el envejecimiento”. Así se ha referido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este domingo en Zaragoza en referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde que caducó en 2014: “Son criterios solidarios con la España constitucional”.

Esta posición va en contra de los intereses de la Comunitat Valenciana, que aboga por el criterio de población ajustada, que es el que debía tener más peso en la elaboración del nuevo sistema de financiación según la propuesta remitida en su día por el Gobierno en 2021 -sin embargo, todavía no se ha comenzado a trabajar para hacer efectivo el cambio de modelo-. 

Hay que recordar que la Generalitat Valenciana se encuentra en una grave situación financiera que se deriva de las insuficiencias de recursos que padece desde hace décadas. 

La Comunitat Valenciana tiene una deuda superior a los 55.000 millones de euros y es la comunidad más endeudada de España -el 80% de este endeudamiento es responsabilidad de la infrafinaciación autonómica-. El Gobierno autonómico de Carlos Mazón viene reclamando del Estado 1.500 millones de euros anuales como de compensación por esta falta de recursos que sufren las arcas autonómicas desde hace más de dos décadas, aunque no se muestra igual de contundente a la hora de exigir una quita de la deuda histórica.

“Es necesaria una nueva financiación autonómica, pero de acuerdo con las necesidades de todos”, ha dicho el líder del PP, para quien ese “todos” no parece incluir a los valencianos, a quienes los criterios de la despoblación, dispersión y envejecimiento continuarían perjudicando.

La Comunitat Valenciana fue la segunda comunidad autónoma que menos dinero recibió en 2021 por persona ajustada del sistema de financiación autonómica, hasta los 2.841,81 euros por habitante, según se desprende de los datos recogidos en el Informe de las Comunidades Autónomas del Observatorio de Derecho Público de Barcelona.