Cinco años después de la catástrofe del vertedero de Zaldibar, sin responsabilidades dirimidas

El paso del tiempo no ha apagado la cadena de errores previos y posteriores, la desinformación y el oscurantismo que arrastra el derrumbe ladera abajo del vertedero de Zaldibar, propiedad de Verter Recycling 2002. Como consecuencia del derrumbe del vertedero, dos trabajadores fallecieron, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, a quienes se recordará en este quinto aniversario en un acto convocado por Zaldibar Argitu.

Recordando tal y como se sucedieron los hechos, es primordial dar algunas cifras y datos, y, en este sentido, cabe decir que el vertedero de Zaldibar contaba con una capacidad autorizada de 2,74 millones de metros cúbicos para una vida útil de 35 años, que venía a suponer una media anual de vertido de unos 118.000 toneladas, pero que se disparó año tras año. Así, en los dos últimos dos años se rellenó la mitad de su capacidad, superando ampliamente las previsiones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. 

Todo esto está unido a otro problema muy importante, y es la ubicación en que se construyó el vertedero, en la ladera de un monte con unos 200 metros de desnivel, y por lo tanto con una importante pendiente, que en mi opinión, fueron las primeras causas de una de las mayores causas ambientales, sino la mayor, que ha ocurrido en Euskadi.

A todo esto habría que unir la diversidad de residuos depositados en el vertedero, calificado como un vertedero de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos, pero que, sin embargo, albergó también de forma ilegal residuos orgánicos, procedente de la industria, como la de de la pasta y papel -ello provocó por fermentación anaerobia (en ausencia de oxígeno), gas metano principal responsable de los incendios en el vertedero-, plásticos y otros residuos urbanos, y también residuos tóxicos y peligrosos, como amianto y PCBs. Era un cajón de sastre donde todo cabía“, denunciaron en su día quienes conocen lo que sucedía en una instalación que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2015, recibió residuos peligrosos como PCB -los denominados bifenilos policlorados, prohibidos desde 1986 por su elevado poder cancerígeno y sus dañinos efectos sobre el medio ambiente-, además de residuos de amianto, debido a una autorización concedida en 2013, pero antes ya se habían depositado, concretamente, unas 16.000 toneladas, sin autorización. 

En mi opinión, la responsabilidad del desastre es de la empresa Verter Recycling, como propietaria del vertedero, y deberá rendir cuentas de todo ello. Pero, además, se vislumbra un cúmulo de negligencias en el control y la vigilancia de un vertedero por parte del Gobierno vasco sobre el que los trabajadores venían advirtiendo de la existencia de grietas en la estructura de la gigantesca montaña de residuos, entre ellos materiales potencialmente nocivos como el amianto u otros. Las siete inspecciones realizadas por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no detectaron nada problemático en sus instalaciones, y en la última de ellas, realizada los días 10 de junio y 10 de julio de 2019 para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su AAI (Autorización Ambiental Integrada), se recogieron en un informe un total de 23 desviaciones, aunque ninguna de ellas graves, que se consideraron como “poco relevantes”. Sin embargo, el 6 de febrero de 2020 tuvo lugar la que se ha considerado la mayor catástrofe medioambiental que ha existido hasta la fecha en Euskadi.

Por otra parte, el que no se exigiera reducir el ritmo de llenado del vertedero o se sancionara el depósito de residuos tóxicos y peligrosos con el amianto, indica el insuficiente control público del vertedero. Cinco años después de la catástrofe del vertedero de Zaldibar, las responsabilidades están todavía sin dirimir, y en lo que se refiere a los delitos contra el medio ambiente, se encuentran en fase de investigación preliminar, y, apenas hay información.  

Lo que sí sabemos es que el Gobierno vasco se lleva gastado de dinero público 30 millones de euros en tareas de rescate, estabilización y sellado del vertedero, que han dicho que lo hacían de manera “subsidiaria”, y que debería de haber sido a cargo de los propietarios del vertedero.  Los propietarios del vertedero de Zaldibar, ¿se irán de rositas?

Vivimos en un mundo finito, en donde la materia no se crea ni se destruye. Hablar de eliminación de residuos es falso. Depositar residuos en un vertedero debería estar sujeto a unas mínimas condiciones de gestión y control. Es necesario, aunque no suficiente, que tanto la gestión como el control sean públicos, en donde el coste de la operación incluya los costes ambientales, cosa que no ocurre.

El derrumbe del vertedero de Zaldibar indica que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se podría decir en el conjunto del Estado español, se gestionan los residuos industriales en “vertederos de bajo costo”.  En realidad, en un vertedero no se eliminan los residuos, sino que se esconden. Al verterlos, los echan en un hueco y los tapan con tierra, es decir, se entierran. Pero el residuo permanece y una vez clausurado un vertedero, hay que controlar el residuo durante 30 o más años, porque es un vertido vivo que sigue emitiendo gases y tiene impacto medioambiental. Sin duda, se trata de deshacerse de la basura de la peor forma posible. Es la última de las opciones contempladas en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, que pasa por este orden, por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido.