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En mi edificio hay un narcopiso: un año de basura, amenazas y agresiones en Lavapiés

El edificio de la calle Juanelo de Madrid.

Víctor Honorato


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Excrementos y jeringuillas usadas en las zonas comunes, el hedor de la droga quemada colándose escalera arriba, amenazas, agresiones, peleas y hasta un conato de incendio llevan sufriendo los vecinos de un edificio del céntrico barrio madrileño de Lavapiés desde el 21 de diciembre del año pasado. Ese día un grupo de personas forzó por primera vez el portal y se instaló en un local del bajo. Pasados cinco meses, en mayo, el presidente de la comunidad de vecinos escribió una carta desesperada al alcalde. “La vida de los habitantes del edificio se ha convertido en un infierno”, describía, dando cuenta de un caso que ilustra la complicada convivencia del barrio, donde los problemas de seguridad, suciedad y falta de servicios traen de cabeza a los residentes.

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El abrumado presidente de la comunidad, situada en la calle Juanelo, es Loic Lespagnol que a mediados de este año tomó una medida drástica: se marchó de la vivienda, comprada poco antes, alarmado por lo que les pudiese pasar a sus hijos, que son pequeños. Ahora vive de alquiler y, pese a su situación, se siente privilegiado porque tiene un trabajo que le permite afrontar la renta y el pago de la hipoteca. Otros no pueden permitírselo, o no están por la labor. En el inmueble vive gente de distintos perfiles, de matrimonios jóvenes a mayores solos, a quienes abonar las derramas constantes para arreglar los desperfectos –los cristales rotos, la cerradura reventada del portal, ahora reforzado con barrotes– les supone un esfuerzo económico.

Una vecina que aguanta es Eva Cuenca, de 45 años, que volvió a vivir a un piso de su familia hace ya años. También estaba ocupado ilegalmente por una familia que se marchó sin rechistar en cuanto presentó la escritura de propiedad. Ahora es distinto: los encontronazos son frecuentes y apretar los puños cuando vuelve de casa de trabajar se ha convertido en un acto reflejo.

Edificio desalojado, local ocupado

El caso de este bloque no es singular en Lavapiés, donde la pobreza, la droga y la situación de las personas sin hogar se han recrudecido especialmente desde la irrupción de la COVID-19. Periódicamente, el Ayuntamiento anuncia medidas de contención como la instalación de nuevas cámaras de vigilancia (ya van por 65) o el refuerzo de las patrullas policiales. A finales de septiembre, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se felicitaba por el desalojo de la Quimera, un inmueble en la esquina de la plaza de Nelson Mandela con la calle del Amparo donde residían en ese momento 70 personas en condiciones muy precarias, sin agua ni electricidad. En la actuación se detuvo a 13 personas. Pero el alivio para los vecinos de la plaza se convirtió en una cruz para el bloque de Juanelo. Alguno de los expulsados acudió directamente allí, agravando los problemas de convivencia. 

Giulia, otra vecina, cuenta que se asustó cuando reprendió desde la ventana a los ocupantes por poner la música a todo volumen un domingo a las 07.00 horas. “Me dijeron que me iban a romper la cara”, cuenta por teléfono, meses después. Otra residente puso una denuncia por agresión a uno de los inquilinos más problemáticos. El acusado no se presentó al juicio. Últimamente no se le ve por el bloque, dicen los vecinos. Pese a las habituales campañas publicitarias, desalojar un edificio ocupado ilegalmente es un proceso legal reglado y relativamente rápido, pero en el bajo ocupado de Juanelo las propietarias no se ha dado demasiada prisa en instarlo. En este caso, las dueñas son dos mujeres que tienen más viviendas en el barrio. “Dicen que hacen todo lo que pueden, pero no colaboran con el resto”, lamenta Giulia. Loic afirma que no tiene queja de la Policía, que hace lo que puede. 

“Esto en Malasaña no dejan que pase”

En un café a un par de calles de la casa en la que no vive, Lespagnol reflexiona sobre los cambios en el barrio. Desde que se mudó a Lavapiés se ha interesado por su historia. Señala espacios desaparecidos, como el cine Odeón, que ahora es un albergue para turistas internacionales, o el mismo local de la esquina, que antes era el Bar Marbella, que daba menús del día y servía unos 200 cubiertos diarios. Ahora, con otro nombre, ofrece desayunos con frutas exóticas y cafés ‘de especialidad', o cócteles cuando avanza el día, cebo para turistas y diletantes, gente de paso.

Todo ello convive en una manzana donde proliferan pintadas que antes se limpiaban y residuos que se acumulan. “El problema no se ataja y crece, da la sensación de que es un barrio al margen”, asegura Loic. “Esto en Malasaña y Chueca no dejan que pase”, coincide Eva. Esta sensación de agravio comparativo es común en Lavapiés, donde desde octubre los vecinos protestan desplegando banderas amarillas en los balcones para reclamar una intervención integral, más allá de las operaciones policiales de emergencia.

La carta de Lespagnol a Almeida –un correo electrónico, en realidad– tuvo respuesta, sin firma, desde una dirección de la oficina auxiliar de la Concejalía del distrito Centro. “Somos conscientes […] de que sigue habiendo focos de violencia en determinados emplazamientos del barrio”, reconocía, y fiaba los avances a reuniones en el consejo de seguridad y la junta de seguridad. “Quiero además recordarle que, desde hace tres años, estamos luchando incesantemente por tratar de conservar el carácter residencial del distrito, priorizando una convivencia pacífica y haciendo del vecino el actor principal de nuestras medidas. Esperamos que, con estas reuniones, podamos ver sus frutos a la mayor brevedad posible”, emplazaba. El correo era de junio. Esta semana, el destinatario hacía balance: “Seguimos igual. Todos los días una cerradura rota u otra noticia”.

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