Antifraude evita decidir sobre el informe amputado que afecta a la pareja de Ayuso y aboca al PSOE a los tribunales

Rápida resolución de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción sobre un caso en el que el Ayuntamiento de Madrid ocultó información a los concejales de la oposición. El organismo asegura que no puede pronunciarse por “no tener competencia” acerca de la entrega de un expediente con gran número de hojas en negro y multitud de datos deliberadamente tachados que fue entregado a un edil del PSOE el pasado mes de abril.

“No procede pronunciamiento alguno por parte de esta oficina, que no es un órgano jurisdiccional”, explica la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, en respuesta a la denuncia que presentaron los socialistas el pasado 16 de mayo. 

En la misma resolución, la oficina muestra el camino a seguir por el PSOE: “Las respuestas a las peticiones de información pueden ser objeto de los oportunos recursos, tanto el potestativo de reposición, como el contencioso administrativo ordinario”, así como también un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales.

Los socialistas han seguido sus recomendaciones y como primer paso el pasado viernes Reyes Maroto presentó un recurso de reposición ante la Junta de Chamberí, exigiendo el acceso completo a la información solicitada. De ser denegado, podría abrirse la vía judicial para la obtención de los documentos.

La Junta de Chamberí ocultó numerosos datos y planos del expediente abierto sobre las obras ilegales del piso de Alberto González, donde convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo cuando el concejal socialista Antonio Giraldo acudió el pasado abril a la Junta de Chamberí para revisar los expedientes asociados a este caso, que prueban la ejecución de obras ilegales durante meses.

El edil de la oposición había acudido con un técnico para revisar la documentación disponible, a la vista de las informaciones publicadas en este periódico sobre las irregularidades a la hora de tramitar una licencia de obras, que fue declarada “ineficaz” por funcionarios municipales y acabó siendo denegada. Pero solo recibió expedientes sin numerar, “con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con folios parcialmente en negro”. También aparecieron “numerosos datos tachados para ser ocultados, así como hojas parcialmente en negro”. Ante estos hechos y considerar que tenía derecho a consultar de forma completa estos datos, el PSOE recurrió a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que se ha apartado de una decisión formal y remitido a los tribunales.

El Ayuntamiento de Madrid comprobó hace unos días a través de una inspección in situ que González Amador efectuó obras sin permiso municipal y ha abierto un procedimiento de legalización de los trabajos, que conllevará previsiblemente una sanción económica. El importe final de esta multa no ha sido fijado todavía.