Granada pierde otro millón de euros de fondos europeos al no ejecutar un proyecto de mejora del transporte

El Ayuntamiento de Granada ha dejado escapar otro millón de euros en fondos europeos Next Generation (NG) por no cumplir con los plazos marcados por la Unión Europea para llevar a cabo un proyecto de renovación de la maquinaria que expende los abonos de transporte. En concreto, el Consistorio, actualmente en manos del PP, no ha logrado ejecutar el proyecto que se suscribió durante la etapa del PSOE porque la empresa adjudicataria no ha cumplido su parte ni el equipo de Gobierno ha rescindido el contrato a tiempo. El Ayuntamiento se defiende alegando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y la oposición le afea que no haya actuado a tiempo.

Por este hecho Granada renuncia a los 987.820 euros que la Unión Europea había puesto a su disposición para renovar el sistema de billetes que se utilizan para el transporte urbano. Un sistema que está anticuado y que podía modernizarse gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado con los fondos NG de Europa y que promueve políticas para tener un transporte público sostenible e inteligente.

No es la primera vez que el Consistorio que dirige la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) pierde financiación europea. Durante 2024 también dejó escapar 1,27 millones de euros para políticas de empleo porque la propuesta que se presentó a la convocatoria quedó la última de todas las que optaron. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Granada pierde casi un millón de euros porque la empresa que debía llevar a cabo la modernización del sistema de abonos de transporte no lo hizo, dilatando en el tiempo su actuación con excusas que desde el equipo de Gobierno no frenaron a tiempo para resolver el contrato y buscar una alternativa para no perder los fondos europeos.

Así viene recogido en un informe interno del propio Ayuntamiento de Granada, al que ha tenido acceso este medio, y así lo denuncia el PSOE, principal partido de la oposición y el mismo que suscribió el convenio durante su último mandato al frente del Consistorio en el año 2023.

Un año de retrasos y falta de reacción

El contrato, adjudicado el 8 de febrero de 2023 a la empresa VNE España SCM S.L., tenía como objetivo la sustitución de las máquinas expendedoras y validadoras del transporte urbano. Un sistema más moderno, con tecnología contactless, datáfonos y reciclaje de monedas para facilitar el pago. Un proyecto de modernización que tenía que estar acabado antes del 31 de diciembre de 2024 para poder acceder a los fondos europeos.

Sin embargo, pese a que el contrato se adjudica en febrero de 2023, no es hasta enero de 2024 cuando se produce el primer encuentro entre el actual equipo de Gobierno y la empresa. Ya desde ese momento, el Ayuntamiento fue acumulando pruebas de que la empresa adjudicataria no cumpliría los plazos. En la primera reunión con la compañía, según se recoge en el informe, ya hubo dudas sobre el diseño de las máquinas. En marzo, el Consistorio envió correos urgentes pidiendo información sobre los avances del proyecto. En mayo y julio, las reuniones confirmaron que no había ni una sola máquina lista. A pesar de ello, el contrato no se rescindió.

Cuando en septiembre la empresa aseguró que la instalación empezaría “en breve”, el Ayuntamiento confió en esa promesa, aunque el informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía confirma que en octubre ni siquiera existían los dispositivos y que la fabricación se había retrasado indefinidamente. En noviembre, la empresa solicitó una prórroga de 90 días, pero la normativa europea no permite extender los plazos en estos casos. Para entonces, ya era demasiado tarde y el Ayuntamiento de Granada se había quedado sin margen de maniobra.

El documento interno del Ayuntamiento señala que, a pesar de las repetidas peticiones, la empresa adjudicataria nunca llegó a presentar un modelo funcional de las máquinas expendedoras y validadoras. En varias reuniones, el Consistorio pidió a la compañía agilizar la producción y envío de los dispositivos, especialmente después de que en marzo se confirmara que ni siquiera se había comenzado la fabricación. A pesar de ello, el equipo de Gobierno no tomó ninguna medida para rescindir el contrato y buscar otro proveedor, confiando en promesas que nunca se cumplieron.

Además, el informe advierte de que la falta de ejecución del contrato no solo implicaba la pérdida de los fondos europeos, sino que podría suponer penalizaciones adicionales al Ayuntamiento por no cumplir con sus compromisos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La normativa de estos fondos no permite prórrogas y el Ministerio de Transportes obliga a que se devuelvan los fondos ya que se ha justificado su uso.

Una gestión “desastrosa”

Así, la suspensión del contrato ha supuesto la pérdida del 90% de la subvención de los fondos Next Generation, además de otros 814.000 euros de una subvención vinculada al Consorcio de Transporte de Granada para la implementación de la nueva tarjeta DESFire EV2, que permite el pago contacless. En total, más de 1,8 millones de euros que se tenían que haber invertido en la modernización del transporte público y que ahora, si el plan se llevara a cabo, tendrían que correr a cargo de las cuentas municipales, según se señala en el informe consistorial.

Desde el PSOE, la concejala Raquel Ruz ha calificado la gestión del PP como “desastrosa”, acusando al equipo de gobierno de “robar a los granadinos la posibilidad de tener un sistema de billetes acorde a las necesidades del siglo XXI”. Ruz defiende que el contrato se dejó listo para su ejecución, pero que “en 24 meses no han sido capaces de materializarlo a pesar de contar con una prórroga incluida”.

El equipo de gobierno, por su parte, se defiende asegurando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, lo que impidió que se llevase a cabo el proyecto y que el contrato, en todo caso, fue firmado bajo el mandato del PSOE. Sin embargo, el informe del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este medio confirma que el equipo de Gobierno no tomó medidas a tiempo para rescindir el contrato y buscar una solución alternativa, a pesar de que entre mayo y julio del año pasado ya era evidente que la empresa no cumpliría con su parte.