No hemos aprendido nada
Tres crisis de magnitud global jalonan lo que llevamos de siglo XXI: La financiera e inmobiliaria de 2008, la sanitaria del Covid 19 y la inflacionaria derivada en parte por la recuperación de la segunda y agravada por la invasión rusa de Ucrania. Cada una ha sido abordada de modo distinto y como queda dicho trae distinta causa.
La primera, de consecuencias más profundas y duraderas es el resultado de un capitalismo financiero sin reglas y globalizado que alimentó una burbuja especulativa durante más de una década y que en su estallido se llevó por delante en nuestro país 3,5 millones de empleos, la práctica totalidad de las cajas de ahorros, las condiciones de trabajo y de salario o el poder adquisitivo de las pensiones; pero sobre todo la confianza en la democracia y sus instituciones de gran parte de la sociedad, así como la esperanza de toda una generación. Se puso en riesgo el proyecto europeo, se impusieron rescates leoninos en Irlanda, España, Italia o Grecia, aparecieron propuestas políticas que canalizaron con éxito la indignación y que se desinflaron poco después incapaces de ofrecer soluciones, entre otras razones porque estas requerían el concurso de una Unión Europea que tardó en reaccionar con el “Haré lo que haya que hacer, y créanme será suficiente” de Mario Dragui. Primaron los intereses de unos países sobre otros, en especial los acreedores sobre los deudores, pero no el interés de la Unión y todos salimos perdiendo. Cómo no recordar, con cierto sarcasmo, a Sarkozy proponer refundar el capitalismo o a Merkel plantear la creación de una agencia europea de rating“. La solución, aunque tardía, fue más Europa. Sin embargo, hoy asistimos a un rebrote nacionalista que bajo el eufemismo de la Europa de las naciones siembra la división, defiende la xenofobia y propugna la primacía de los nacionales frente a la ciudadanía europea: no hemos aprendido nada.
Si la primera vino de EEUU, la segunda nos llegó desde China y nos pilló sin mascarillas, sin respiradores y con un sistema sanitario público que creíamos robusto y se demostró endeble, debilitado por los recortes de la crisis anterior y por la apuesta privatizadora de un liberalismo culpable que siempre sale indemne. La respuesta sanitaria vino de la mano de los servidores públicos que arriesgando la salud y la vida atendieron a millones de ciudadanas y ciudadanos sin equipos de protección, pagando por ello el alto precio de una altísima mortalidad entre sus filas, y también desde la ciencia con la pronta puesta a disposición de vacunas y un ejemplar proceso de inmunización en nuestro país que puso en evidencia la confianza de nuestra sociedad en la investigación y el conocimiento frente a los negacionistas y los conspiranoicos, además de con confinamientos que minimizaron la cadena de contagios pero a cambio paralizaron la actividad económica poniendo en riesgo empresas y empleos. Y es aquí, ante el reto económico y social donde surge el diálogo entre patronal, sindicatos y Gobierno para poner en marcha los ERTE que suspendieron los empleos de millones de trabajadores y trabajadoras con prestaciones por desempleo extraordinarias que garantizaron sus rentas, que hicieron posibles ayudas por cese de actividad para millones de autónomos y sostuvieron sus negocios, y recursos para cientos de miles de empresas que pudieron volver a la actividad una vez superada la fase crítica de la pandemia sin que por el camino se destruyera ni tejido productivo ni empleo. Todo ello fue posible gracias a la solidaridad europea, a los fondos que sufragaron los ERTE y se pusieron en marcha para la recuperación: recursos públicos, el dinero de todos mediante una tributación justa, el Estado de bienestar y la actuación de la UE. Sin embargo, las propuestas de bajadas de impuestos, los ataques al Estado de bienestar del liberalismo de siempre y el nacionalismo excluyente que amenaza la Unión cosechan el apoyo creciente de buena parte de la ciudadanía demostrando que tampoco de esta ocasión hemos aprendido nada.
Índices de inflación no conocidos en los últimos 30 años golpearon la economía de miles de millones de familias que vieron reducir seriamente su capacidad de compra, el drástico incremento de los precios de la energía puso en jaque la actividad económica de medio mundo, los bancos centrales elevaron el precio del dinero encareciendo las hipotecas y restringiendo el crédito, seis millones de ucranianos abandonaron su país encontrando acogida a lo largo y ancho de la UE, los países europeos más inmediatamente afectados por la guerra en Ucrania registraron caídas de su PIB y el conjunto de la Unión tuvo que volcarse en ayudas para sostener la resistencia de los ucranianos por su libertad. España ha salido de esta encrucijada mejor que nuestros socios gracias a la excepción ibérica que nos ha permitido reducir sustancialmente el precio de la energía eléctrica, con recursos públicos se ha subvencionado buena parte del precio de los transportes públicos así como los combustibles fósiles con los que llenamos los depósitos de nuestros vehículos y camiones, los fondos Next Generation han supuesto la inyección de importantes recursos para la transformación y mejora de nuestra economía y hoy producimos energía renovable en porcentajes elevados y crecientes. Sin embrago, tan importante como todo lo anterior, pero menos conocido, es el efecto determinante para la superación de esta crisis inflacionaria del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pactado entre CEOE, UGT y CCOO. Con sentido común, con voluntad de arrimar el hombro el AENC ha permitido que los salarios no fueran causa de una inflación de segunda vuelta y que poco tiempo después vayan recuperando el poder adquisitivo que se dejaron al inicio de la crisis. De nuevo el diálogo social ha sido un factor decisivo para la mejora de la economía y el reparto de la riqueza, un diálogo social a través de un instrumento, el AENC, que no tiene parangón en Europa, que proporciona certezas, seguridades y confianza. Sin embargo, qué poco hemos aprendido: a la importancia de los recursos públicos para atender las urgencias económicas y sociales, a la lucha contra la emergencia climática que además nos proporciona una energía más eficiente y respetuosa con el planeta, al diálogo social que da respuesta civilizada a las pugnas entre capital y trabajo, a la solidaridad y a la Unión se oponen bajadas de impuestos, energías contaminantes, insultos y desprecios a los agentes económicos y sociales, egoísmo y desunión.
Han pasado casi cinco meses desde la DANA que acabó con la vida de 228 personas en la provincia de Valencia y que ha destruido negocios, viviendas, industrias e infraestructuras. De nuevo los recursos de todos se ponen al servicio de la recuperación de la zona devastada, el sostenimiento de las rentas de trabajadores y autónomos, el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Y, también de nuevo, asistimos a un pacto para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat valenciana que demuestran que, al menos sus firmantes, no han aprendido nada.
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