Una acusación del caso de la DANA esgrime la ley de transparencia para pedir a la jueza datos del coche oficial de Mazón

La jueza de la DANA rechazó la diligencia solicitada por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del Pais Valencià (ACPV) sobre los datos relativos a los movimientos del vehículo oficial del president Carlos Mazón el día de la barrancada. La instructora concluyó, en un auto del pasado 17 de marzo, que la diligencia solicitada estaba “destinada a la investigación” de Mazón, quien ostenta la condición de aforado. Solo si el jefe del Consell hubiera aceptado voluntariamente la invitación a declarar como investigado, la instructora podría valorar la pertinencia de la diligencia sobre el coche oficial. Y Mazón, recordaba la jueza, “ha rehusado dicho ofrecimiento”. Sin embargo, la acusación popular ha recurrido el auto argumentando que se trata de una diligencia que “a todas luces” no causaría indefensión al aforado. La representación jurídica de ACPV recuerda que el president, según la Ley de Transparencia, “tiene el deber de informar de su agenda de trabajo”.

“El uso de vehículos oficiales por parte de los miembros del Consell, así como de los altos cargos del Gobierno, está perfectamente regulado y su uso debe ser de público conocimiento”, afirma el recurso de la acusación popular al que ha tenido acceso este diario. Si la ciudadanía cuenta con el “derecho insoslayable” a obtener ese tipo de datos, e incluso a acudir al Consejo de Transparencia o a la vía contencioso administrativa en caso de opacidad, “carece de sentido que un juzgado de instrucción, que investiga hechos de extrema gravedad, no pudiera acceder a datos de extraordinaria relevancia”, abunda el escrito.

Los dos grupos de la oposición en las Corts Valencianes (PSPV-PSOE y Compromís) solicitaron los movimientos de los coches oficiales de Mazón. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano se limitó a entregar únicamente las dietas (y no los partes de los vehículos).

La acusación popular asegura que esa diligencia no supondría indefensión alguna para el aforado Carlos Mazón. “La clave”, sostiene el recurso, “está en agotar la instrucción de todo aquello que no cause indefensión de la persona aforada”.

“Se solicita una información que debe ser pública, que está relacionada con el uso de bienes públicos, en ejercicio de las funciones públicas, sin que ninguna indefensión se pueda generar a un cargo público que tiene obligación legalmente establecida, de transparencia en sus actividades institucionales”, agrega ACPV.

El recurso también alude a un artículo de la Ley de Transparencia sobre “situaciones de emergencia o grave riesgo colectivo”, que obliga a los altos cargos a “difundir sin demora” la información de que se disponga “en caso de amenazas inminentes para la salud humana” o el medio ambiente. “Justo lo que no hizo el aforado, ni las personas investigadas [en referencia a la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso], ni aquellas que pudieran serlo tras los avances de la instrucción”, sostiene la acusación popular.

La “pasividad” de Pradas y Argüeso ante la DANA

ACPV también pidió las mismas diligencias sobre los vehículos oficiales de la entonces consellera Salomé Pradas y de su secretario autonómico Emilio Argüeso, ambos imputados en la causa. “No consta”, argumentaba la jueza, “ni se afirma tampoco por la representación de Acció Cultural del País Valencià, que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión del Cecopi o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”.

Por el contrario, el recurso de la acusación popular recuerda que tanto Pradas como Argüeso ostentaban la máxima responsabilidad —“solo por debajo del presidente”— en la “prevención, gestión y resolución” de una “emergencia hidrológica que se declaró el pasado 24 de octubre” y cuya “pasividad los días 24, 25, 26, 27, 28 y, especialmente, 29 de octubre, causaron importantísimos daños personales”.

“Resulta incomprensible que la reunión del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado] se convocara a una hora tan tardía, sabiendo que en otros eventos de mucha menor entidad, ya varios días antes se mantenía reuniones para estudiar los posibles escenarios de los eventos climatológicos adversos, adoptándose las medidas preventivas oportunas”, afirma el escrito. 

ACPV recuerda que Salomé Pradas y Emilio Argüeso “no solo participaban en el Cecopi en el papel más relevante, al menos en ausencia del presidente, física o telemáticamente, sino que una y otro eran los máximos dirigentes” del departamento autonómico de Emergencias “desde su toma de posesión”.

Una “responsabilidad”, afirma la acusación popular, que “era inherente a sus personas y que, tanto en sus respectivos despachos, en sus visitas institucionales, en sus coches oficiales o en sus domicilios, seguían siéndolo y manteniendo la capacidad operativa para adoptar decisiones legalmente previstas, telefónicamente, vía mensaje, transmitiendo órdenes verbales, requiriendo informes [o] firmando electrónicamente documentos”. “Antes, durante y con posterioridad al propio Cecopi”, apostilla el escrito.

Así, ACPV reitera la petición de diligencias “imprescindible” sobre los movimientos de los coches oficiales de la exconsellera y el exsecretario autonómico, las horas de salida y de regreso al parque móvil de los conductores y las posibles dietas.