La Corrala de Almendralejo agota todos los resquicios legales que permitan parar el auto judicial de desalojo
El tiempo corre en contra de las 16 familias de la Corrala de Almendralejo tras el auto judicial que ordena su desalojo. Los ‘inquilinos’ de la Corrala no pierden la esperanza y ahora más que nunca hacen piña para paralizar su desahucio, tanto en los tribunales como en la calle.
Ha sido mucho el apoyo que han logrado, desde otros movimientos sociales como desde los propios vecinos de Almendralejo. En la actualidad cuentan con el respaldo de cuatro abogados de reconocido prestigio que trabajan codo con codo con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Entre ellos Rafa Mayoral, activista antidesahucios y miembro del equipo de Pablo Iglesias, integrado en el Consejo Ciudadano de Podemos a nivel estatal.
La primera de las batallas que tienen que sortear es la legal. Este mismo miércoles su gabinete jurídico presenta un recurso al auto que ordena su desalojo, alegando que las familias no tienen una alternativa habitacional, y que en la Corrala hay desde recién nacidos --y 12 menores--, hasta personas mayores, incluidos enfermos que necesitan respiradores artificiales. Otros llevan años en el paro y no tienen ni ingresos ni una vivienda social concedida para trasladarse con s familia.
Reclaman a Caja Duero (propietaria de las viviendas junto con la Sareb, el banco malo) una solución ‘social’, con un alquiler que les permita permanecer en las viviendas que están rehabilitando.
José Leandro Tejera, uno de los letrados de la Corrala, ha explicado a este diario que la orden de desalojo no es firme aún, al menos hasta que el juez vea qué hacer con el recurso que tienen preparado. Sus abogados ya examinan con detenimiento toda la documentación para demorar lo máximo posible el proceso.
Otro de los frentes abiertos es con Caja Duero, la entidad demandante. Reclaman a la caja una solución viable para unas viviendas de lujo a medio construir, abandonadas desde hace años y expuestas al expolio y el saqueo de todos los materiales que había dentro del edificio.
Defiendem un acuerdo que les permita afrontar un alquiler social, algo que según explican se ha conseguido en otras localidades a través de la Sareb.
Ademáspiden al alcalde, el popular José García Lobato, que medie en el conflicto con el objetivo de lograr un alquiler social. “La única pretensión de Caja Duero en estas viviendas es el acaparamiento, una entidad que ha sido rescatada con dinero público y prometió dar un porcentaje en alquiler social”, según explica a este diario Yolanda Bermúdez, una de las habitantes de la Corrala.
