Desahucio inminente en Vallecas: cuatro menores, una gran deuda de sus padres con la EMVS y una carta desesperada

“Le rogamos a usted, como responsable del Ayuntamiento de Madrid, que solicite al gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que revierta la decisión tomada y podamos seguir en nuestro domicilio”, así se dirigen Adela y Juan a José Luis Martínez-Almeida en un escrito que es su último recurso para evitar quedarse en la calle el próximo 12 de febrero. El matrimonio, junto a sus cuatro hijos, fue desahuciado el pasado 30 de enero de la vivienda pública en la que vivían. Este miércoles tendrán que vaciar y abandonar el que ha sido su piso durante los últimos 14 años por acumular una enorme cantidad de impagos.

En un intento desesperado por conservar su hogar y evitar que sus cuatro hijos se queden en la calle, Adela y Juan decidieron escribir al alcalde de la capital para rogarle “que se revierta la decisión tomada”. La pareja ha presentado por registro una carta dirigida a Almeida y ha solicitado una entrevista con la trabajadora social para pedir que se reconsidere el desahucio.

“Se trata de un caso muy complicado, dado que hay cuatro menores en la familia”, explica Ángeles, portavoz de la Asociación Vecinal La Unión de Vallecas. La EMVS ya les ha dado varias oportunidades y se les ha ofrecido un alquiler social. Sin embargo, existen problemas internos en la familia que han impedido que se regularicen los pagos. Ahora, sus cuatro hijos, dos niñas de 12 y 10 años y dos niños de 9 y 7 años, tendrán que abandonar el que ha sido su hogar desde que nacieron. “Los menores son los que más nos preocupan”, indican desde la asociación de vecinos.

Desde el pasado 30 de enero, los niños han ido rotando por las casas de sus familiares. Esta situación, a largo plazo, podría suponer un gran problema a la hora de asistir al colegio con regularidad, ya que ningún miembro de la familia vive cerca del centro escolar al que asisten los menores. “Esta inestabilidad podría derivar en problemas psicológicos, especialmente en los niños mayores”, apunta la portavoz vecinal. Este es uno de los puntos que Adela y Juan han querido trasladar al alcalde en su carta, ya que su mayor deseo es que sus hijos continúen asistiendo a su colegio diariamente y manteniendo un buen rendimiento escolar como hasta ahora.

Esa es la problemática principal y el aspecto que más preocupa tanto a la familia como a los vecinos que se han implicado en el caso. Desde el Grupo Municipal Socialista también han criticado la decisión del Consistorio madrileño de dejar a los niños en la calle. “No puede ser que esta familia, en la situación actual, se quede en la calle con cuatro menores escolarizados, lo que además les generaría problemas para continuar con su educación si tienen que vivir repartidos o en condiciones precarias. La prioridad del Ayuntamiento debería ser ayudar a estas personas en lugar de limitarse a aplicar la legalidad según le convenga”, ha señalado el concejal socialista Pedro Barrero en conversación con Somos Madrid.

Fuente municipales consultadas por este periódico consideran que “hay que recordar que las viviendas son públicas y sujetas a una normativa y un reglamento y la EMVS de Madrid tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento”. Desde el PSOE critican esta postura, ya que creen que “carece de sentido que mientras en ciudades como Barcelona el ayuntamiento compra edificios para evitar que personas vulnerables sean expulsadas de sus casas, en Madrid ocurra todo lo contrario”. Barrero insiste en que “deberían involucrarse de lleno y dar una solución a esta familia, especialmente porque tienen cuatro menores, que es lo prioritario”.

Desde la asociación vecinal que respalda a Adela y Juan piden a la autoridades municipales que den una solución efectiva para la familia y no opten por desplazar a la familia a un albergue temporal que “no servirá de nada”. En la mayorías de los casos, tal y como apunta Ángeles, las familias desahuciadas pasan a engrosar una lista de espera de miles de personas para obtener una vivienda, mientras que los pisos desalojados quedan vacíos sin asignación inmediata, algo que califican como “vergonzoso”.

Más de una década de impagos

El caso de esta familia representa una gran dificicultad tanto por la presencia de los cuatro menores como por su historia previa. Antes de acceder a esta vivienda pública, el matrimonio vivía en una casa baja que fue derribada y expropiada. Fue entonces, alrededor de 2010, cuando el Ayuntamiento les adjudicó este piso ubicado en el número 11 de la calle Eduardo Rojo, en el distrito de Puente de Vallecas.

Durante estos últimos 14 años han vivido allí y han formado una familia numerosa. Debido a sus bajos ingresos y también “por inconsciencia y un poco de irresponsabilidad”, tal y como indican en el escrito al alcalde, no han hecho frente a los acuerdos de pago que les facilitaron desde la EMVS. En la actualidad, cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), su situación ha mejorado y podrían pagar un alquiler social con arreglo a sus ingresos.

Esto es algo que desde el Ayuntamiento de Madrid ya han propuesto en otras ocasiones: “Siempre se ofrecen planes de pagos asequibles a la situación del inquilino y, si es necesario, se ofrece intervención de los servicios sociales. Si, a pesar de ello, se incumplen los planes de pago o se rechazan las actuaciones de los servicios sociales, se pone en manos de la Justicia”. La portavoz vecinal confirma esta situación: “Sí, en diez años el matrimonio solo ha abonado cuatro recibos”.

Ahora la familia cuenta con un poco más de dinero y se compromete a pagar tanto la cuota actual como parte de la deuda atrasada. Sin embargo, es difícil revertir el desahucio, ya que la decisión última en estos casos es de la Fiscalía. “No están pidiendo vivir gratis, simplemente no pueden afrontar la deuda acumulada debido a su situación de vulnerabilidad. Su prioridad ha sido cubrir los gastos básicos como luz y agua antes que el alquiler. En este punto, el Ayuntamiento debería haber intervenido con algún tipo de ayuda para evitar que llegaran a esta situación”, señalan desde el Grupo Municipal Socialista.

Por el momento, el alcalde no ha emitido respuesta alguna a la carta de la familia, pero la postura de la portavoz vecinal es bastante pesimista al respecto: “No tenemos esperanzas de que paralicen el desahucio”. A Adela, Juan y sus cuatro hijos solo les queda esperar.