18 víctimas del GAL señalan a Barrionuevo por el terrorismo de Estado y presentan una querella en la Audiencia Nacional

Un grupo de 18 familiares de personas asesinadas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) presentarán la semana que viene una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra el que fuera ministro del Interior del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1988, José Barrionuevo. Le acusan de un delito de lesa humanidad. Barrionuevo ya fue condenado a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, pero cumplió apenas una pequeña estancia en prisión y fue indultado por otro Gobierno, en este caso el de José María Aznar.

Según los abogados de los familiares de víctimas de los GAL, entre los que se encuentran Edurne Bouard, hija de Santiago Brouard asesinado en 1984, Bego Galdeano, hija de Xabier Galdeano asesinado en 1985 o Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y asesinado en 1983, los hechos en los que se basa la querella se enmarcan en la década de los 80, cuando el llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte) es asumido por el Gobierno.

“El propio José Barrionuevo presentó ante los medios de comunicación el Plan Zona Especial Norte como un instrumento de lucha contra el terrorismo. En la ejecución de ese plan se creó el GAL, grupo armado que actuó entre 1983 y 1987 tanto en Euskal Herria como traspasando las fronteras francesas en Iparralde. Tanto la implicación como la relación de los artos cargos del Gobierno español con el grupo parapolicial es de sobra conocido. En estos años en los que el querellado estaba al frente del Ministerio del Interior se produjeron graves violaciones a los derechos humanos de muchas personas”, han reconocido los abogados que defienden la causa Maddi Bilbao y Oscar Sánchez, de Hiru Abokatuak en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de Bouard y Galdeano.

La denuncia se presenta a través de una querella porque, según han explicado, “adquiriendo la condición de acusación particular, permite tener una participación activa en el procedimiento”. En este sentido, los abogados han detallado las pruebas que aportarán de aceptarse la querella en la Audiencia Nacional, entre ellas, los testimonios en calidad de testigo del expresidente Gonzalez, el juez Baltasar Garzón o del periodista Melchor Miralles. “Ahora le toca al Juzgado Central de Instrucción aceptar nuestra petición e iniciar la investigación de lo denunciado. Nosotros tenemos claro que un Estado que se considera un Estado de Derecho no puede mirar para otro lado ante una denuncia tan grave y tenemos plena confianza en que este es el principio del camino”, han insistido los abogados, que han confiado en que cuentan con “pruebas documentales bien estructuradas” y que, de no aceptarse la querella, optarán por acudir a instancias internacionales.

¿Cuáles son los hechos que denuncian? Los abogados de las víctimas de los GAL los han dividido en tres apartados. El primero de ellos, son los “ataques graves a la integridad y seguridad”. “Asesinaron a 17 personas con condición de refugiado y asesinaron a otras 10 personas de nacionalidad francesa, las llamadas víctimas civiles colaterales”, han declarado. El segundo, las “torturas y expulsiones totalmente irregulares”. “La medida más significativa contra la libertad y la seguridad de las personas que formaban parte del colectivo de refugiadas eran las entregas irregulares que los policías franceses hicieron directamente a la Policía española. Se entregaron 176 refugiados vascos sin respetar la normativa vigente. Tras pasar por la dependencia policial, fueron liberadas 105 personas, aunque muchas de ellas fueron encarceladas, posteriormente fueron juzgadas y absueltas”, han detallado. Por último, la tercera cuestión que denuncian son las deportaciones. “Sin ningún derecho ni regularización administrativa 74 personas fueron deportadas a distintos estados de América y África en aviones militares tras ser detenidas”, han argumentado.

“Analizando tanto la legislación internacional y también lo regulado por el Código Penal español, tenemos claro que todos estos hechos descritos en esta querella se enmarcan en un delito de lesa humanidad. Se trata de ataques directos contra un colectivo concreto que forma parte de la población civil: homicidios, lesiones, tortura, detenciones ilegales, secuestros, entregas ilegales y deportaciones. El delito de lesa humanidad protege los bienes jurídicos fundamentales: la vida, la libertad personal, la integridad física y mental, la dignidad y la igualdad. Estos delitos pueden ser cometidos por el Estado o por particulares impulsados con su consentimiento y protección. En este caso, los delitos han sido cometidos por el querellado, asistido por particulares y con autorización estatal”, han indicado los abogados que han destacado que “por las características de este tipo de delito, se puede investigar porque no ha prescrito”.

Por su parte, Edurne Brouard y Bego Galdeano han recordado que tras la entrevista realizada por el diario El País, en la que el propio Barrionuevo justificó su participación en la llamada guerra sucia contra ETA, en una rueda de prensa celebrada el 11 de noviembre de 2022, exigieron al Gobierno que asumiera su responsabilida en el terrorismo de Estado y han señalado que esperaban que tras dicha entrevista la Fiscalía actuase de oficio, algo que no ha ocurrido. “Denunciamos entonces la carga humillante de las palabras del exministro, la revictimización que nos produjo, el daño gratuito y la indefensión generada. El indecente carácter épico de sus declaraciones y gestos, derivado todo ello de la convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado el terrorismo. Barrionuevo asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas: que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y otras formas represivas la margen de la legalidad vulnerando los derechos humanos de muchas personas de este páis”, han lamentado.

Sobre la decisión de presentar la querella, han reconocido que “no ha sido una decisión fácil”. “La Justicia hasta día de hoy no ha hecho gran cosa para llegar a la verdad de todos estos hechos, ni para señalar a sus responsables, ni para establecer los niveles de responsabilidad. Más bien lo contrario. Llevamos más de 40 años reclamando verdad y justicia. A la vista está que hasta hoy no ha habido voluntado para aclarar hechos y responsabilidades. Por ello, confiamos que esta vía nos abra la puerta a un escenario en el que esa voluntad exista y algunos personajes como Barrionuevo pasen a la historia como lo que son: verdaderos criminales que utilizaron su poder político y gubernamental para violar derechos humanos”, han declarado.

Otra de las cuestiones que han lamentado las víctimas es el hecho de que el lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció “públicamente asistencia económica” si decidían iniciar una vía judicial. En este sentido, han emplazado al actual lehendakari, Imanol Pradales, a reunirse con ellas para valorar esa asistencia. “Respecto a las declaraciones que hizo Urkullu, no nos queda otra que preguntar a Pradales si nos van a ayudar a hacer este camino o no. De momento tenemos que hablar con ellos y a ver qué compromisos están dispuestos a adquirir”, han concluido.

Por último, desde Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de Derechos Humanos) han denunciado que “es una evidencia que hasta ahora el Estado ha encubierto y dotado de la más absoluta impunidad a los perpetradores de estos delitos que operaron bajo su responsabilidad, lo que ha generado una revictimización inaceptable a las familias de víctimas. Barrionuevo nunca ha sido investigado ni juzgado por toda la extensión de su actuación y su responsabilidad. Ha pasado del negacionismo a la autojustificación, legitimando lo ocurrido”, han declarado tras recordar su compromiso con las víctimas querellantes para recorrer con ellas “el camino de la verdad y la justicia”.