La Fiscalía no recurrirá el cierre de la investigación de los lixiviados de Zubieta pero GuraSOS sí quiere reabrir la causa

Después de la decisión de la magistrada de Donostia Silvia Villanueva de archivar la investigación penal por el envío de lixiviados desde el CMG-I de Zubieta, en Gipuzkoa, una planta de gestión foral, a Navarra o Bizkaia, las dos acusaciones ya se han pronunciado. La Fiscalía, según las fuentes consultadas, no presentará recurso para dar la batalla por unas irregularidades que ella misma denunció en 2023. La asociación GuraSOS, por el contrario, ha explicado en un comunicado que sí ha recurrido para que se reabra la causa.

El caso tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía en 2023 que analizó precisamente una comunicación previa de GuraSOS. El ministerio público revisó los datos de esta plataforma, que ha hecho un marcaje exhaustivo sobre el CMG-I, que incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico, y estimó que pudo haber dos delitos. Uno estaba relacionado con la peligrosidad del propio envío y otro con que se pudiera hacer identificando el material con un código LER no adecuado.

La magistrada se ha apoyado en un reciente informe de la Guardia Civil que señalaba que los lixiviados no eran peligrosos. Tras recibirlo, emitió un auto sin entrar en ningún momento al fondo de la cuestión cerrando la investigación. Nunca ha llegado a tomar declaración a los imputados, incluido el diputado foral de Gipuzkoa José Ignacio Asensio, que es el presidente del consorcio GHK, el titular del CMG-I.

Tampoco han sido escuchados los testigos propuestos por las acusaciones, como la 'número dos' de Medio Ambiente de Navarra, Ana Bretaña. El Gobierno navarro apoyó la tesis de la Fiscalía y de GuraSOS y llegó a cerrar cautelarmente una planta de Artajona, Ecofert Sansoain, a la que se enviaron más de 5.000 toneladas desde el CMG-I. En un artículo de opinión tras conocerse el cierre de la investigación y sin entrar en si las irregularidades son o no punibles en la vía penal, Bretaña insiste en que “los lixiviados generados en la planta CMG-I, que es una planta de tratamiento del contenedor de resto, no podían ni pueden ser enviados a una planta de compostaje”. “Que la causa de delito penal interpuesta por un tercero por los hechos sucedidos en Gipuzkoa haya sido archivada no quiere decir que no haya habido una infracción ambiental sancionable por un procedimiento administrativo, que -insisto- ha sido la vía adoptada en Navarra”, ha escrito.

Fuentes de la Fiscalía han indicado a este periódico que, por su parte, no formularán recurso ante el cierre de la causa. GuraSOS, en cambio, sí quiere apurar las posibilidades de que se identifiquen responsabilidades. La plataforma señala que el informe de la Guardia Civil puede ser “exculpatorio” para el delito ambiental pero ningún caso sobre la posible “falsedad documental” en el código LER de los residuos enviados a Navarra. De hecho, GuraSOS entiende como el Gobierno de Navarra que, más allá de la toxicidad o no del material, Ecofert Sansoain nunca pudo recepcionar esos residuos dedicándose como lo hace a la producción de fertilizante. Añade este colectivo que “llama la atención” la “imprudencia” de Asensio en celebrar el final de la causa cuando “está muy lejos” de que se hayan agotado todas las vías procesales.

Asimismo, en paralelo, hay abierta otra causa desde 2020 en el mismo juzgado de Donostia. En ella se analiza el origen de los lixiviados antes de su envío. La propia Guardia Civil, como publicó este periódico, remarca los problemas de estanqueidad y los vertidos “continuados” de esas sustancias, con la consiguiente afección ambiental. Según GuraSOS, la Policía judicial ha entregado un total de tres atestados y dos constatan “la existencia de delitos graves” en torno al CMG-I de Zubieta.