Desalojos, sabotajes y acoso inmobiliario en un bloque de Chamberí gestionado por un fondo: “Dejan morir el edificio”

Las puertas del número 8 de la calle Modesto Lafuente, en Madrid, se dividen en dos modalidades claras, casi antagónicas. Por un lado, las que mantienen la normalidad, aquellas que dan entrada a un hogar. Por otro, las que tienen una pequeña cartela a modo de recordatorio o aviso indicando que se han instalado alarmas antiokupación. Estas últimas son las que corresponden a las viviendas de vecinos que ya se han marchado del bloque, después de recibir un burofax de la propiedad comunicando que no les renuevan el contrato de alquiler. O los que se han ido antes incluso, temerosos ante la difícil situación que están experimentando los residentes de este edificio en el corazón de Chamberí.

“No responden ninguna de nuestras preguntas o nuestras peticiones, ni arreglan las humedades ni los desperfectos. Dejan morir el edificio”, sintetiza en conversación con Somos Chamberí Ana, que llegó al bloque en noviembre de 2022 junto a su marido y su hijo de ocho años. La comunidad de bienes que todavía mantiene la propiedad (o eso creen) no puede desalojarles antes de que transcurran cinco años desde la firma del arrendamiento. Pero desde que empezó el proceso de expulsión de inquilinos, con los alquileres que cumplían contrato a finales de 2023, una serie de maniobras les hacen creer que los caseros pretenden que todos los residentes abandonen sus pisos “lo más rápido posible”. Por voluntad propia forzada.

Con 14 de las 28 viviendas ya vacías, el caso recuerda irremediablemente (pese a la menor resistencia vecinal desplegada hasta el momento) al del número 22 de General Lacy, en Arganzuela. De hecho se trata de la misma comunidad de bienes, que posee otros once edificios. En ambos casos la gestión estuvo traspasada a la consultora inmobiliaria Savills, aunque vecinos de Modesto Lafuente sospechaban que había vuelto a la propiedad original.

Carmen, que vive en el bloque desde hace 30 años junto a su marido ahora enfermo, detalla cómo empezó a vivir todo este proceso repleto de incertidumbres: “En mayo de 2024 escribimos una carta a los gestores, ya que la gestión pasó de la propia familia a la consultora inmobiliaria Savills. Nuestro administrador dejó de coger llamadas, nos enteramos de la llegada de esa nueva empresa porque la entidad firma los burofaxes de expulsión. Es entonces cuando se ponen en contacto edificios de la misma propiedad, como Mesón de Paredes y la portavoz de General Lacy. Aunque no nos dicen nada y estamos sumidos en el desconcierto, luego hemos descubierto que Savills solo fue contratada para la gestión, la comunidad de bienes no ha vendido el edificio”. Fuentes de Savills lo confirman a este diario e indican que no tienen implicación alguna en el bloque “desde hace meses”.

De la cercanía al sabotaje: las consecuencias de una propiedad opaca

La vecina desgrana la relación de cierta confianza que mantenían con las dos hermanas dueñas del edificio y de la comunidad de bienes, hasta que la muerte de una de ellas y el aumento del control por parte de sus descendientes modificó el equilibrio de fuerzas: “Durante los años que hemos estado viviendo hemos cambiado varias veces de piso, pasando a uno más económico o a otro más espacioso en función de nuestra situación o nuestras necesidades. Las propietarias primaban más la continuidad del inquilino, y precisamente por eso ha habido vecinos que se han gastado un dineral en reformas, con la idea de que era su casa para toda la vida. Pero la administración ha dado un cambio brutal. Da la sensación de que los herederos quieren más dinero y más rápido”.

Las propietarias primaban la continuidad del inquilino, por eso ha habido quienes se han gastado un dineral en reformas, con la idea de que era su casa para toda la vida. Pero la administración ha dado un cambio brutal. Los herederos quieren más dinero y más rápido

Carmen es asesora jurídica y su marido, abogado. Ambos jubilados, son dos de los pocos inquilinos que manifiestan su intención de quedarse cuando cumpla su contrato, también en 2027: “Mi idea es no plegarme al burofax, sino pelear. Mi marido está muy delicado de salud. Pasamos muchos días entre visitas médicas, hospitales e intervenciones quirúrgicas. Hay un centro de salud al lado y el Hospital Clínico también está cerca. No puedo someter a una mudanza a mi esposo en la situación en la que está. Tampoco irme a un sitio que no le garantice una asistencia sanitaria próxima. Y estamos viendo que eso es imposible tal y como está el mercado inmobiliario. Tendríamos que marcharnos a algún pueblo, en Chamberí la situación de los alquileres es tan brutal que encontrar una casa como la que tengo ahora me costaría tres veces más. Lo normal es que no nos movamos”.

Claro que resistir tampoco será fácil, por mucho que en principio dispongan de más de dos años de margen hasta el vencimiento de su alquiler: “Los rumores son que ahora empiezan obras. Si por ellas nos quedamos sin ascensor eso supone que mi marido ya no puede salir a la calle. Vivimos en un primero, pero la escalera de caracol se lo impide. Y aquí hay cuatro contratos de renta antigua, hay personas con más de 80 años que nacieron en el edifico. Nos encontramos en una situación de estupefacción”, lamenta. Ana recalca que tienen “derecho al pacífico disfrute del edificio y derecho a la comunicación, y la dejación de funciones y el silencio atentan contra ellos”.

A esa inestabilidad contribuyen además algunas estratagemas que, aseguran, han llevado a cabo desde la propiedad. “No es solo dejadez. En diciembre dieron de baja los suministros de electricidad y gas de muchos vecinos, sin nuestro consentimiento, poniéndose ellos como clientes titulares. De la noche a la mañana nos encontramos con un mensaje comunicando que habíamos terminado nuestros contratos”, se queja Carmen. “Cuando me llegó el SMS pensé que era una estafa, hasta que lo hablamos con los vecinos y desde la compañía nos confirmaron que tenían tramitada solicitud de baja”. Califica la maniobra de “acoso inmobiliario”, ya que “lo primero que se te ocurre es que te acabarás quedando sin gas o sin luz”.

No es solo dejadez. En diciembre desde la propiedad dieron de baja los suministros de electricidad y gas de muchos vecinos, sin nuestro consentimiento, poniéndose ellos como los clientes titulares

Ana no entiende que ninguna de las compañías energéticas con las que tenían contratados estos suministros pusiera impedimento a los dueños del edificio a la hora de dar de baja los contratos de sus inquilinos: “Nosotros somos los titulares. Nos han impedido hasta darlos de alta de nuevo, hemos tenido que hacer uno nuevo. Dicen que por protección de datos, pero no han aplicado ese protocolo cuando ha venido alguien externo suplantando nuestra identidad a boicotear un contrato que no es suyo”. Fuentes del sector consultadas por este periódico confirman que la suplantación que narran estas vecinas “cuadra y ha podido suceder, ya que existe un problema con los cambios no autorizados de comercializadora si se dispone de los datos del cliente.”

Carmen apostilla que con esta acción la propia comunidad de bienes se salta lo estipulado por los contratos de alquiler: “No solo es ilegal y fraudulento, sino que incumplen el propio contrato de arrendamiento, ya que una cláusula obliga a los inquilinos a contratar los suministros. Hasta se habla de sanciones si los damos de baja”.

Mientras, la nula inversión de la propiedad en mantenimiento o reparaciones pasa factura al edificio. Los desperfectos y humedades empiezan a propagarse por las zonas comunes. También en algunas viviendas, como la de Borja y Cristina. Esta pareja lleva 17 años en el edificio, donde han construido su vida y su familia. De hecho, sus dos hijos revolotean por el edificio, más curiosos que revoltosos, mientras ellos muestran todas las reparaciones que necesita el piso.

Las más urgentes tienen que ver con ventanas y puertas en las que las filtraciones de agua ya se han convertido en la norma. “Y eso que hemos arreglado la casa entera nosotros mismos”, recuerda Borja. Un cúmulo de desperfectos al que añaden la incertidumbre sobre su posible continuidad en la casa, ya que su contrato vence el año que viene. “Mi hermano vivía en el piso de abajo y ya se ha marchado”, lamenta Cristina.

Modesto Lafuente, “síntoma” de un mercado del alquiler al límite

Para Ana, no es ninguna casualidad que este proceso de expulsión coincida con un mercado del alquiler de precios desatados, que les impide buscar una alternativa: “Lo que nos está pasando es un síntoma más de las actuaciones que han hecho saltar el mercado inmobiliario. Van a conseguir que vivir de alquiler deje de tener sentido porque no será asequible para casi nadie”. Resalta que su arrendamiento no es ninguna ganga y han sufrido subidas continuas. Actualmente, abonan 1.356 euros al mes.

Ana destaca asimismo que la propiedad solo les contacta para persuadirles de organizarse contra el proceso de expulsión. “Pusimos en la pared un anuncio para reunirnos los vecinos en una cafetería cercana. De repente alguien lo quitó y nos enviaron un mail diciendo que ese tipo de comunicaciones no están permitidas”, cuenta.

Esa cafetería es precisamente uno de los pocos puntos con algo de solera que resisten en Chamberí. Un paseo con Ana por la manzana de Modesto Lafuente muestra la proliferación de negocios enfocados al turismo y sin identidad barrial: “Son todo cadenas y restaurantes gourmet”. Carmen lo resume así: “Es una especulación que no solo va a dejar en la calle a vecinos que llevábamos décadas, sino que además están destruyendo los barrios. Si ya cuesta encontrar una mercería o una ferretería, esto va a acabar siendo invivible”.

Hay una excepción a los dos tipologías de puerta mencionadas al arranque de este artículo. Detrás de ella no hay un hogar ni una casa vacía. Se trata de la sede de Promadrid, la Asociación para la Defensa de la Propiedad de Madrid. Una entidad que dice proteger “los intereses de los propietarios de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid; representándolos ante las administraciones o entidades de cualquier índole; informándoles sobre las disposiciones legales que puedan afectarles y ayudándoles a resolver todas las cuestiones legales y técnicas referentes a su piso, local, plaza de garaje, solar o edificio, cuando surgen problemas con vecinos, inquilinos, otros propietarios o con organismos públicos”.

Este periódico ha tratado de contactar a Promadrid sobre el proceso que afecta al propio edificio donde se ubican, pero la persona que atendió el teléfono colgó después de conocer el motivo de la llamada.

Ana recalca para terminar que ella únicamente defiende sus derechos, en concreto a quedarse en una vivienda que paga y a que se respete un contrato que jamás ha incumplido: “Mientras esté en el edificio voy a defender mi derecho a pagar el alquiler”.